La guerrilla del ELN advirtió el martes que el alto al fuego en Colombia, pactado en el curso de los diálogos de paz en Quito, está en 'grave riesgo' por supuestas 'acciones ofensivas' militares.
El cese al fuego, vigente desde el 1 de octubre con una duración inicial de tres meses, arroja un 'pobre balance' en el primer mes, dijo Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador del ELN en un encuentro con la prensa en la capital ecuatoriana.
Beltrán mencionó que objetivos como los de 'mejorar la situación humanitaria de la población' o el de 'reducir la intensidad del conflicto' no se han cumplido o están en riesgo.
Aunque no han ocurrido 'incidentes armados' entre las dos partes, por la voluntad del ELN de 'evitarlos', hubo 'operaciones de copar territorios' donde antes no llegaban 'las fuerzas militares del gobierno', precisó el jefe rebelde.
Estas 'operaciones ofensivas -enfatizó- incumplen lo pactado en el acuerdo de cese y lo colocan en grave riesgo'.
Por primera vez desde su alzamiento en armas en 1964, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) cumple una tregua recíproca que en principio se extenderá hasta el 9 de enero.
Comprometidas desde febrero en conversaciones de paz, las partes se culpan de mutuos incumplimientos como, por ejemplo, el asesinato a manos de los rebeldes del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero el 24 de octubre o la muerte de líderes sociales, pese al compromiso oficial de protegerlos.
Sobre el particular, Beltrán afirmó que en octubre crecieron 'las amenazas y el asesinato de líderes sociales' y recrudeció 'el tratamiento de guerra que el régimen da a la protesta social'.
Además, para el ELN la 'polarización' de la lucha política en Colombia propicia 'la persecución política', por lo que 'se hace difícil lograr el objetivo (...) de reducir la intensidad del conflicto'.
Una misión de verificación conformada por la ONU, la Iglesia católica y las dos partes está analizando las presuntas violaciones de la tregua.
El alto al fuego prevé no solo la suspensión recíproca de acciones de guerra, sino que obliga al ELN a interrumpir secuestros y ataques a la infraestructura petrolera.
El gobierno, por su parte, deberá mejorar las condiciones carcelarias de los guerrilleros y reforzar la seguridad de los líderes sociales y de derechos humanos, blancos de ataques que han dejado 200 muertos desde enero de 2016, según la Defensoría del Pueblo.
Con unos 1.500 combatientes, el ELN es la última guerrilla reconocida por el gobierno tras el desarme y transformación en partido político de las Farc.
