La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia debatirá esta semana la reforma a su reglamento interno, para que se entienda que si un magistrado se encuentra investigado por actos de corrupción, pueda ser separado del cargo.
El reglamento se aprobó en una primera votación por la Sala Plena que busca que el magistrado Gustavo Malo Fernández no regrese a sus funciones en el alto Tribunal el próximo primero de diciembre cuando se le vence la licencia que solicitó para defenderse de los señalamientos en su contra por integrar el denominado ‘Cartel de la Toga’.
No obstante, en la Sala Plena se deberá definir los detalles de esta idea, en el sentido de que si la persona involucrada en hechos de corrupción que afecten la correcta administración de justicia es separada de manera permanente o no y si continuaría recibiendo sueldo y todas las prestaciones de ley.
La extradición de Moreno
Por otro lado, esta semana la Sala Penal igualmente discutirá la ponencia del magistrado Luis Antonio Hernández que pide avalar la extradición del exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, con algunas condiciones.
Igualmente, se discutirá la ponencia que en el mismo sentido pide avalar la extradición a los Estados Unidos del abogado Leonardo Luis Pinilla.
Cabe recordar que Moreno seguirá declarando en la Corte esta semana y que el próximo 30 de noviembre será la audiencia de acusación en su contra por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada.
En la diligencia, la Sala Penal deberá verificar el episodio de la aceptación de cargos que hizo Moreno cuando fue imputado ante el Tribunal, ya que en esa ocasión el exfuncionario aseguró que no hacía una aceptación libre, sino producto de supuestas presiones en contra de su familia.
Esta diligencia, que deberá desarrollarse en audiencia pública, será crucial porque de ahí depende si Moreno es beneficiado con una rebaja del 50 % de la pena a imponer, o del 35 %.
La Fiscalía acusó a Moreno de direccionar grandes investigaciones de corrupción que llevaba la entidad, caso en el cual reposan como pruebas las grabaciones que hizo la DEA, en las que esta y el abogado Leonardo Pinilla, le pedían dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.
