El Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de su titular, la canciller María Ángela Holguín, informó que ha solicitado a su homólogo venezolano 'que le indiquen oficialmente cuándo se le dará cumplimiento al fallo' del tribunal que ordenó la libertad de los 59 colombianos, 54 de ellos costeños, que se encuentran detenidos en Caracas desde hace un año y tres meses.
A través de la oficina de comunicación se informó que la Canciller 'ha sostenido conversaciones permanentes' con su homólogo Jorge Alberto Arreaza. 'Desde que se conoció el fallo la Ministra le ha pedido que nos informe cuándo se le dará cumplimiento a la orden (que otorga la libertad plena de los detenidos)'.
De igual manera se informó que a través de Germán Castañeda, encargado de Negocios y máximo responsable de la Embajada de Colombia en Venezuela (dado que el embajador Ricardo Lozano fue llamado a consultas hace siete meses a Bogotá), 'se ha gestionado todo para que nos permitan brindar la asistencia a los detenidos'.
Al grupo de connacionales se les concedió la medida el pasado martes, mediante sentencia 1725-17 del juzgado 27 de primera instancia de control del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jurista Zulay Salazar González.
Caso será llevado a la CIDH y a la CPI
Tras haberse cumplido más de 48 horas del fallo, la defensa del grupo informó a este medio que el caso será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y a la Corte Penal Internacional, CPI, de no cumplirse lo ordenado.
Sergio Aranguren, parte del grupo de abogados de los colombianos, señaló que se encuentran a la espera de que las autoridades venezolanas 'ejecuten la decisión del tribunal de control', de lo contrario ejercerán 'las acciones legales correspondientes'.
'De no acatarse el fallo procederemos a solicitar un ante juicio de mérito al director de Policía Nacional Bolivariana, general Alfredo Pérez Ampueda, y al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol Torres, por desacato, abuso de poder, privación ilegítima de la libertad, asociación para delinquir. Una vez realizada esa primera fase pasaríamos a denunciar a estos funcionarios a la CIDH y al CPI', explicó el jurista.
'El Ministro y el director de la Policía Nacional Bolivariana todavía no dan la orden para la liberación del colectivo. Es decir, que por primera vez en la historia republicana de este país la justicia de comandos está por encima del Estado de Derecho y el debido proceso. Nosotros seguiremos en la tramitación del fallo judicial y no abandonaremos a estos ciudadanos que sufren día a día la desesperanza', asevero Aranguren.
'Víctimas de la violencia'
Dentro del grupo de los connacionales 'están personas que fueron desplazadas a Venezuela producto de la violencia de la guerrilla y el paramilitarismo. ¿Ellas no serían víctimas amparadas por el reciente acuerdo de paz?', se pregunta el jurista.
'Pido al recién galardonado premio Nobel de Paz, presidente Juan Manuel Santos, que haga valer la condecoración. Que utilice sus influencias con los gobiernos que hicieron parte de las conversaciones en La Habana, como el de Cuba, para que interceda ante el gobierno de Venezuela para resolver este caso', manifestó el jurista.
Este grupo de connacionales permanecen detenidos en Venezuela desde septiembre de 2016, señalados por el presidente Maduro de 'mercenarios' y 'paramilitares' sin que hasta ahora se les haya imputado cargos.
'Seguimos esperando'
Eduardo Blanco Castillas, detenido oriundo de Bolívar, indicó ayer 'que sus esperanzas se han desvanecido', al ver que las autoridades venezolanas 'han hecho caso omiso' al fallo del tribunal.
'Yo sé que Dios es más poderoso, y es quién tiene la última palabra. Pero ya esta situación es inhumana, agotante. Somos inocentes. Yo quiero que enseñan el arsenal que nos hallaron, yo quiero que me digan por qué estoy secuestrado acá', señaló Blanco Castillas.
