Tras haberse cumplido las 48 horas del fallo que ordenó la libertad de los 59 colombianos, 54 de ellos costeños, que se encuentran detenidos en la capital venezolana desde hace un año y tres meses acusados de paramilitarismo, la defensa del grupo informó a este medio que el caso será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, y a la Corte Penal Internacional, CPI.
Sergio Aranguren, parte del grupo de abogados de los colombianos, señaló que se encuentran a la espera de que las autoridades venezolanas 'ejecutan la decisión del tribunal de control', de lo contrario ejercerán 'las acciones legales correspondientes'.
'De no acatarse el fallo procederemos a solicitar ante juicio de mérito al general director de Policía Nacional Bolivariana, general Alfredo Pérez Ampueda, y al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol Torres, por desacato, abuso de poder, privación ilegítima de la libertad, asociación para delinquir. Una vez realizada esa primera fase pasaríamos a denunciar a estos funcionarios a la Cidh y al CPI. En Venezuela está una Constitución vigente', explicó el jurista.
'El director de la Policía Nacional Bolivariana todavía no da la orden para la liberación del colectivo. Es decir, que por primera vez en la historia Republicana, la justicia de comandos está por encima del Estado de Derecho proceso. Nosotros seguiremos en la tramitación del fallo judicial y no abandonaremos a estos ciudadanos que sufren día a día la desesperanza', asevero Aranguren.
Dentro del grupo de los connacionales 'están personas que fueron desplazadas a Venezuela producto de la violencia de la guerrilla y el paramilitarismo. ¿Ellas no serían victimas amparadas por el reciente acuerdo de paz?', se pregunta el jurista.
'Pido al reciente galardonado premio Nobel de paz, presidente Juan Manuel Santos, que haga valer la condecoración. Que utilice sus influencias con los gobiernos que hicieron aparte de las conversaciones en La Habana, como el de Cuba, para que interceda ante el gobierno de Venezuela para resolver este caso', manifestó el jurista.
Este grupo de connacionales permanecen detenidos en Venezuela desde septiembre de 2016, señalados por el presidente Maduro de 'mercenarios' y 'paramilitares' sin que hasta ahora se les haya imputado cargos y en condiciones humanitarias lamentables.
