Una disidencia del Partido Conservador, liderada por el representante cordobés David Barguil, anunció durante el trámite del último debate en plenaria de la Cámara del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, que votaría en contra de varios de los puntos del articulado.
'El texto de la ponencia no cumple con las expectativas de verdad, justicia, reparación a las víctimas y no repetición de delitos por parte de los exguerrilleros', señaló Barguil, anunciando que la colectividad azul le da la espalda a sus colegas de la Unidad Nacional en este proyecto de reglamentación del sistema de justicia transicional pactado entre el Gobierno y las Farc, asumiendo una posición más cercana a la oposición del Centro Democrático y a los reparos que sobre la JEP ha hecho públicos Cambio Radical, antigua bancada oficialista.
El primer pero tiene que ver con la participación política de los exguerrilleros, la cual no admiten 'sin que primero hayan pasado por la justicia transicional: es probable que la JEP dicte sentencia condenatoria contra estas personas después de que hayan sido elegidos el 11 de marzo; esto, además de exponernos abiertamente a la Corte Penal Internacional, CPI, es una revictimización a las víctimas'.
Además, aseguran que no hay claridad sobre los beneficios que perderán los exguerrilleros que incumplan sus compromisos y agregan que tampoco está claro el asunto sobre la extradición para los exguerrilleros que reincidan o cometan nuevos delitos relacionados con el narcotráfico.
'Nos oponemos a la conformación actual del tribunal de paz, integrado por magistrados con un claro sesgo ideológico que no da plenas garantías a la sociedad civil. Rechazamos que en la ponencia en Cámara, el Gobierno haya eliminado el régimen de inhabilidades aprobado en Senado, el cual buscaba un mayor equilibrio para dicho tribunal', se lee en el comunicado emitido por la facción de las toldas azules.
Consideran también 'preocupante' el hecho de que se dé la posibilidad de reabrir las listas e incluir nuevos exguerrilleros para que ingresen a la sala de amnistía.
De igual forma, creen que la redacción de la ponencia en Cámara deja 'dudas' sobre la posibilidad de que dicho tribunal de paz opere sobre terceros.
Y, finalmente, advierten que hay 'ambigüedad' en el tratamiento de los delitos sexuales contra los menores de edad.
