El director de Fiscalías Seccionales, Luis González, informó este martes en rueda de prensa desde el búnker de las ocho órdenes de captura expedidas en Santa Marta contra el exalcalde y candidato presidencial de izquierda por firmas, Carlos Caicedo; el alcalde actual, Rafael Martínez y seis personas más por los delitos de celebración de contrato sin los requisitos y peculado, por las presuntas irregularidades en la construcción de cinco puestos de salud en la ciudad.
Ante las suspicacias que ha generado el hecho de que Caicedo fuera detenido precisamente cuando iba a oficializar su aspiración a las presidenciales de 2018 por firmas, perteneciendo este además a un sector de la izquierda que ha criticado a la dirección del ente acusador, por lo que hay catalogado sus seguidores la acción como una 'persecución', González aseguró: 'Lo único que podemos decir es que la Fiscalía y los fiscales, desde el despacho del fiscal general de la Nación, no tenemos una agenda política; tenemos una agenda para dar resultados, en contratación, donde se ve la mayor corrupción y eso lo hemos priorizado, no solamente en Santa Marta: venimos de Santander y próximamente habrá más resultados en otras partes del país. La ciudadanía ve las obras, ve la falta de planeación, y a la Fiscalía no le corresponde otro papel que investigar y hacerlo en tiempos prontos y cumplidos para que se vea justicia en el presente'.
Sobre las aparentes anomalías en que habrían incurrido los implicados, explicó el funcionario: 'Estamos analizando cinco puestos de salud donde la Fiscalía por el momento halla irregularidades en la celebración de los contratos para las obras que se ejecutaron en esos puestos de salud, y que los cinco puestos de salud, que debían terminarse en 10 meses, pasados más de 30 meses, siguen allí sin terminarse y sin ver futuro'.
Agregó González que 'lo que se observa es que presuntamente no hubo una planeación para las obras, que le han causado un grave perjuicio a la comunidad de esos sectores donde estaban esos puestos de salud: esa falta de planeación le ha costado más erogaciones a la Empresa Social del Estado en Santa Marta encargada de administrar la salud, porque ha tenido que contratar inmuebles en estos cinco sectores de Santa Marta, Mamatoco, Bastidas, La Paz, Candelaria y Taganga, para poner estos inmuebles donde funcionan estos puestos de salud'.
Frente a los contratos, concretamente, el director de Fiscalías, precisó: 'En 2014 la ESE de Santa Marta compromete $6.500 millones aproximadamente para hacer un mantenimiento y una adecuación a esos puestos de salud, pasan 24 meses y el nuevo alcalde en noviembre de 2016 vuelve y suscribe otro contrato por $5.800 millones para terminar tres de esos puestos de salud, y aún están allí sin funcionar y sin prestar su servicio'.
Y añadió sobre el particular: 'Hemos encontrado que en el segundo contrato, donde se hizo un adelanto de $2.345 millones, observan y encuentran los peritos, ingenieros, arquitectos, que de ese adelanto que se desembolsó solo se han invertido $568 millones, lo otro sería un restante que es lo que lleva a constituir un peculado'.
Acerca de dónde habría terminado esa plata, anunció el funcionario que están haciendo seguimiento a los giros del dinero, en el sistema financiero, y que están investigando a los presuntos implicados y a sus allegados, para recuperar el dinero.
Finalmente, González dijo que la judicialización se llevará a cabo en Santa Marta, pese a las nutridas manifestaciones públicas que se han originado en la capital del Magdalena en apoyo a los líderes políticos cuestionados: 'Las audiencias de legalización, imputación y medida se van a realizar en Santa Marta, nuestros fiscales cuentan con toda la evidencia y la documentación para presentar la teoría del caso, exhibir las evidencias y pedir la medida de aseguramiento, y esperamos que tengan eco en la judicatura'.
