Casi siete años tuvo que esperar la excongresista Lucero Cortés para conocer el resultado de la investigación que le adelantaba la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por haber realizado un supuesto tráfico de influencias que habrían derivado en irregularidades en el manejo de bienes en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
La Corte Suprema de Justicia le archivó la investigación pero, en esa misma decisión, se compulsaron copias para iniciar un nuevo proceso en su contra por un presunto incremento patrimonial injustificado.
En auto conocido por COLPRENSA, la Sala Penal señaló que dentro del caso de la DNE reposa el informe de policía judicial No. 653573 de 29 de febrero de 2012 que tiene una valuación socio económica de varios congresistas, entre ellos, Cortés, por el período comprendido entre julio de 2006 y diciembre de 2010, lapso en el cual se desempeñó como Representante a la Cámara.
'(…) cuyos resultados arrojaron en su desfavor un aumento patrimonial injustificado de $226.046.808', dice el documento que destaca que Cortés fue elegida Representante por los períodos 2006-2010 y 2010-2014 y que, como el estudio económico realizado comprendió el año 2010, tiene la competencia para adelantar la nueva investigación.
'Este hecho, que por los resultados de este proceso no tienen relación con él, sí obligan a investigarlo por separado, motivo por el cual, se ordena a la secretaría expedir copia del informe junto con los anexos respectivos, para emitir un nuevo radicado que quedará a cargo de este despacho, por cuanto se trataría del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público', dice el documento.
Ahora, Cortés deberá defenderse de este nuevo expediente que surgió en su contra, tras salir avante del proceso por la DNE, que fue un escándalo de enormes proporciones que cayó como un baldado de agua fría en el Congreso de la República.
En su caso concreto, se indicaba que al parecer Cortés se había aprovechado de su condición de congresista para que le fueran entregados bienes que estaban en la DNE a cambio de favores políticos.
De hecho, la denuncia de marzo de 2011 la puso el entonces director de la DNE, Juan Carlos Restrepo, tras conocer de diversos empleados esas supuestas irregularidades, asegurando que la mujer habría obtenido cuatro vehículos a través del funcionario de esa entidad Gaspar Murillo. La denuncia se amplió días después diciendo que Cortés habría dispuesto además de tres fincas en Villeta, Puerto Salgar y Puerto Boyacá.
Un mes después, la Corte le abrió investigación preliminar y ahora, seis años y ocho meses después, le archivó el proceso al encontrar que no hay elemento alguno que permita indicar que Cortés haya actuado de manera irregular o que haya cometido delito alguno.
En auto de 30 páginas, la Sala Penal aclaró uno a uno los elementos que se consignaban en las denuncias para señalar, en términos generales, que no hubo vicios en el manejo de vehículos y las fincas.
Sobre el hecho principal de la denuncia, la adjudicación de carros para la seguridad de Cortés a través de Gaspar Murillo, la Corte comprobó que no hubo vicio alguno pues los vehículos fueron entregados para su manejo por la DNE a la Policía Nacional para su utilización y que fue esta entidad la que hizo el proceso de entrega.
La Sala señaló que Murillo Guevara, quien trabajó desde el 8 de julio de 2008 hasta el 31 de octubre de 2010 en la DNE, no tenía entre sus funciones adjudicar provisionalmente bienes y que la relación entre este y Cortés surgió de las visitas que esta realizó buscando obtener carros blindados para su seguridad, 'petición a la cual nunca se accedió'.
Cortés confirmó en su defensa que no solo acudió a la DNE para conseguir un vehículo blindado ante su situación de seguridad, sino también ante la DIAN, el Ministerio de Justicia y el DAS y que, finalmente, en julio de 2009, recibió un Mazda blindado por parte de la dirección de Protección de la Policía Nacional, que lo había recibido en depósito por parte del Subdirector de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Luego, como el carro fue devuelto por fallas, se realizó un trámite similar con una camioneta Toyota que la Policía le asignó en septiembre de 2010 y que le fue retirada en mayo de 2011 cuando la Corte Suprema la investigaba por otro proceso de tráfico de influencias.
'De acuerdo con la anterior reseña, queda claro, entonces, que Gaspar Murillo no adjudicó automotores a Lucero Cortés, fue directamente la Policía Nacional que lo hizo en virtud de sus peticiones', señaló la Corte al indicar que esas gestiones para conseguir seguridad tampoco pueden considerarse como un tráfico de influencias.
'La actuación de Lucero Cortés para obtener la entrega de automotores con el propósito de reforzar su esquema de seguridad, fue transparente y clara', agregó la Sala al analizar las declaraciones de testigos, las versiones libres y el registro de ingreso de la mujer a la DNE.
'En este contexto, la investigación realizada por la Sala arrojó los resultados que han quedado descritos, motivo por el cual, obligado se impone proferir decisión inhibitoria a favor de Lucero Cortés Méndez, pues los hechos investigados no acontecieron', puntualizó la Corporación.
LAS FINCAS
Por ejemplo, sobre una camioneta Toyota que se iba a entregar al Congreso de la República sin éxito, se determinó que esta fue rechazada por esa entidad y que luego fue enviada para uso de la gobernación del Valle del Cauca, por lo que no es cierto que 'se haya quedado en el camino' para que fuera utilizado por el abogado de Cortés como se indicaba en la denuncia. 'La camioneta nunca desapareció según erróneamente se señala en el escrito remitido por el oculto denunciante a la Dirección Nacional de Estupefacientes', señaló la Corte.
Lo propio sucedió con dos carros más que supuestamente habían sido destinados a personas cercanas o por actuación de ella, en tanto que la Corte comprobó que algunas de las personas supuestamente beneficiadas ni siquiera conocían a Cortés y no hubo inconsistencias en la documentación.
En el caso de los predios rurales, la Corte señaló que la finca San José, ubicada en la vereda Río Dulce de Villeta, fue destinada por resolución de septiembre de 1999 a la Universidad Pedagógica, que lo tuvo hasta marzo de 2009 y luego lo adquirió por 327 millones de pesos. Es decir, el predio siempre estuvo en su administración y, por tanto, 'son falsas y temerarias las afirmaciones efectuadas en el escrito del oculto denunciante, consistentes en que el inmueble estuvo, primero, en manos de Luis Arturo Jiménez Cely y después en poder de un jugador de millonarios y otras personas'.
Sobre el Lote Santa Ana, ubicado en la vereda el Saladito de Cali, que se obtuvo tras extinción de dominio a la Sociedad Inversiones Jaer Ltda., la Corte verificó que está deteriorado y que no es cierto que Cortés lo haya hecho entregar a un allegado.
Y sobre la Hacienda Valle Escondido y el Recreo, ubicadas en Puerto Salgar, Cundinamarca, y la vereda Las Pavas, en Puerto Boyacá, la Corte encontró infundada la información según la cual, Manuel Arturo Rincón, esposo de la ex congresista, a través de Francisco Julián Velásquez Santos, hizo saber a la Dirección que 50 semovientes habrían desaparecido consecuencia de una enfermedad.
'Realizado el examen de todos los anteriores casos referidos en el escrito anónimo, puede concluirse sin reserva alguna, que las sindicaciones efectuadas respecto de la funcionaria aforada son mendaces, motivo por el cual, la decisión a tomar será abstenerse de iniciar investigación penal con fundamento en la causal alusiva a que la conducta no ha existido', dice el documento.
