José Miguel Mendoza, superintendente de Servicios Públicos, presentó su carta de renuncia al presidente Juan Manuel Santos hace dos semanas, según informaron este viernes varios medios de comunicación.
Mendoza, según esas versiones, argumentó razones personales para dimitir del cargo administrativo.
El superintendente se encontraba en la cabeza de ese organismo desde julio de 2016, cuando fue nombrado por el presidente Santos tras la salida de Patricia Duque. Antes se había desempeñado como superintendente delegado de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades desde julio de 2012.
Durante el tiempo que estuvo al frente de la Superservicios adelantó procesos como la intervención de Electricaribe, que fue quizá la principal bandera de su gestión.
Sobre ese particular, Mendoza dijo en su momento que si bien la intervención a la empresa había logrado 'una estabilización del servicio' que evitó un apagón en la región Caribe, la crisis de Electricaribe seguía siendo la misma. 'Lo que pasa es que con nuestra intervención hemos logrado una estabilización que va a garantizar el servicio a los usuarios mientras culmina el proceso de cambio de operador', dijo.
Con la intervención que realizó a Electricaribe, Mendoza generó un fuerte pulso con la empresa española Gas Natural Fenosa, principal accionista de la comercializadora de energía, que planteó una controversia con el Estado colombiano. En ese litigio reclama el pago de $3,6 billones
Mendoza también había afirmado que el proceso para la llegada del nuevo operador estaba en su etapa final, y que pronto estaría abierta la licitación para que llegaran las ofertas. 'Ahora, estamos tratando de estabilizar la compañía para que los usuarios no sufran las consecuencias. Solo cuando lleguemos a este punto podemos definir cuándo llegará', afirmó.
De acuerdo con los anuncios hechos por Mendoza, la escogencia del nuevo operador se debía dar en noviembre, pero se dio una prorroga a la Financiera de Desarrollo. Ante esto se esperaba que la decisión final se conociera antes de finalizar el año, pero esto no ha sido posible.
Al respecto, los siete gobernadores de la región Caribe siempre estuvieron ejerciéndole presión para que ese proceso licitatorio se llevara a cabo en el menor tiempo posible.
En una de sus entrevistas, aseguró que si los mandatarios departamentales estaban interesados en hacer parte del nuevo operador, podían hacerlo pero con una oferta económica competitiva, que los pusiera de igual a igual con operadores con mayor experiencia.
