Empezó a funcionar formalmente la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación, con la idea de dar con los responsables de los asesinatos y amenazas contra los defensores de derechos humanos y la población civil, entre otras situaciones de violencia que han afectado al Chocó.
Según la Fiscalía, en las regiones del Darién y el Bajo Atrato se ha registrado un incremento del 271 % en los índices de criminalidad en lo corrido del año.
Esto, pues hasta la fecha se han perpetrado 38 homicidios dolosos, frente a 14 registrados en 2016, solo en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Acandí y Unguía. Adicionalmente, la Fiscalía ha recibido más de 25 denuncias por intimidaciones contra defensores de derechos y reclamantes de tierras.
Los recientes hechos de violencia están relacionados con los crímenes de los reclamantes de tierras, Mario Castaño Bravo y Luis Hernán Bedoya, ocurridos entre el corregimiento de Belén de Bajirá y el casco urbano de Riosucio (Chocó), el 26 de noviembre y el 8 de diciembre de 2017, respectivamente.
El fiscal Néstor Humberto Martínez Neira visitó este jueves la región y anunció que un primer grupo itinerante de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la entidad se quedará en la zona para identificar e investigar a los integrantes de los grupos armados ilegales del departamento.
El equipo especializado está conformado por dos fiscales, analistas e investigadores, y tiene apoyo de la policía judicial del CTI, de la Fiscalía y de la Dijín.
Por otro lado, la Fiscalía señaló que el origen de la mayoría de hechos violentos en Darién y el Bajo Atrato chocoano estaría ligado a problemas relacionados con la titulación de tierras y el desplazamiento de familias.
