El exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, fue mordido por un perro rabioso y, por tanto, está siendo sometido en su sitio de reclusión a un tratamiento de inyecciones contra la enfermedad, que podría durar algunas semanas.
El abogado barranquillero, cuya extradición a los Estados Unidos fue avalada hace un par de semanas por el Gobierno Nacional, no podrá ser enviado al país norteamericano sin antes haberse recuperado y sin haber, además, declarado ante la Procuraduría en las pesquisas que se llevan por la corruptela de las altas esferas judiciales, como lo solicitó el propio Ministerio Público en una carta a las partes revelada por este diario en diciembre pasado.
El nuevo mal de Moreno, revelado por la revista capitalina 'Semana', tiene un tratamiento que consiste en una vacuna que activa el sistema inmune para que identifique y elimine el virus de la rabia del organismo. La pauta de la vacuna es de cinco dosis repartidas en un mes. Si la herida es muy profunda y se ha sangrado bastante, es recomendable añadir a la vacuna una inmunoglobulina, es decir, anticuerpos que atacan directamente al virus sin tener que esperar a que se active el sistema inmune.
Moreno, tras un fallido allanamiento en el Tribunal Superior de Bogotá hace un par de meses, finalmente aceptó cargos ante la Corte Suprema a principios de diciembre, pidió rebaja de la mitad de la pena y espera su extradición, que el presidente Juan Manuel Santos condicionó a que antes cuente 'toda la verdad' en Colombia.
Entre tanto, el corrupto exfiscal anticorrupción ha venido colaborando con la justicia, en medio de fuertes medidas de seguridad por amenazas contra su vida y ha venido ‘salpicando’ al menos a 26 personas en la corruptela: magistrados, congresistas, funcionarios, mandatarios y particulares.
Moreno aceptó el pasado 11 de diciembre los cargos de concusión y uso de información privilegiada y dijo: 'con dolor y vergüenza acepto mi responsabilidad'. En julio pasado, el exfiscal, ante el Tribunal Superior, dijo, en otras palabras, que era inocente pero que se declaraba culpable por presiones.
A finales de noviembre pasado, el exfiscal denunció aparentes intentos de callarlo y dijo que a su lugar de reclusión, la Escuela de Artillería del Ejército, ingresaron dos personas supuestamente sin autorización para, según él, amenazarlo para que 'apague el ventilador' de la corruptela: el capitán retirado Luis Mira -quien mencionó a Ricaurte, Bustos, al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía y a Ashton- y la abogada Jessica Núñez -quien habría trabajado para el señalado senador Besaile-.
Estas intimidaciones se darían luego de que a mediados de noviembre, durante la negociación de un principio de acuerdo con la Fiscalía, Moreno ‘cantara’ contra 26 presuntos implicados en el ‘Cartel de la Toga’, entre ellos los ya mencionados exmagistrados Ricaurte y Bustos, los abogados Lyons y Tarquino, el excongresista Ramos, los senadores Besaile y Ashton y el exgobernador Lyons.
Pero también habló de nombres nuevos, sobre los que hasta ese momento solo se tenían informaciones fraccionadas filtradas a la prensa: el exmagistrado cartagenero Gustavo Malo, ‘ficha’ de su coterráneo Ricaurte y quien es señalado de engavetar los casos de Besaile y Ashton; Tarquino, quien también fue magistrado, es señalado por el exgobernador Lyons de haberle pedido $20.000 millones a cambio de ayudarlo; los representantes a la Cámara, Nilton Córdoba, Argenis Velásquez Ramírez y el sanandresano Julio Gallardo, quienes tienen procesos dormidos en la Corte.
Así mismo, el exalcalde de Villavicencio, Franklin Chaparro; el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía; el del Cesar, Lucas Gnecco y la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado. Del mismo modo, los congresistas y excongresistas Julio Manzur, cordobés del Partido Conservador; el expresidente del Congreso, Mauricio Lizcano, de La U; la cordobesa Zulema Jattin, de La U y el procesado Martín Morales, cordobés de La U, todos con expedientes en el alto tribunal.
También figuran la exprocuradora y esposa de Bustos, Martha Cristina Pineda; Luis Raúl Acero, exfiscal y cercano a Bustos; el abogado Lyons, quien defendió a Besaile y a Ashton; el exfiscal delegado ante la Corte cartagenero Alfredo Betín Sierra, cercano a Ricaurte y quien habría dilatado el proceso contra el exgobernador Abadía; el abogado Héctor Gerardo Torres, ‘Yayo’, cercano a Bustos y a Moreno; el exsecretario de presidencia Alberto Velásquez; el exmagistrado auxiliar, Camilo Ruiz Gómez y el exfiscal Luis Raúl Acero, señalado de lavado de activos.
Por las declaraciones de Moreno, además, fue separado de su cargo, a mediados de noviembre, el conjuez cartagenero Enrique del Río González, cercano a Ricaurte. A su vez, a finales de octubre fue imputada de extorsión Yara Malo, hija del magistrado Malo, señalada de pedir porcentajes de sus sueldos a funcionarios de la Fiscalía y judiciales nombrados con el clientelismo de sus padrinos togados. La hija de Malo, además, recibió honorarios por un contrato en la Contraloría de Bogotá por $25 millones, autorizado por el polémico contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados. En este ente también trabajó Ximena Liliana Bustos, hija del exmagistrado Bustos, con contratos de más de $1.000 millones.
