La Bancada Caribe del Congreso rechaza el anuncio del Ministerio de Minas frente al proyecto de decreto que estipula sanciones contra los subsidios de energía para los estratos 1 y 2 para quienes sobrepasen el consumo establecido.
Para el representante liberal del Atlántico, Mauricio Gómez, 'un decreto no puede estar por encima de una ley y los subsidios están contemplados en la Ley del Presupuesto General que rige desde el 1 de enero de 2018. Lo que están contemplando son sanciones del 10 por ciento a los subsidios que excedan los consumos, para regular los consumos a los estratos 1 y 2, entonces el mensaje que yo envío al Gobierno es que no piensen en sanciones sino en soluciones, no piensen en la forma sino el fondo, y el fondo es el nuevo operador que va a reemplazar a Electricaribe'.
Entre tanto, el senador barranquillero del Partido de la U, José David Name, advierte que 'esta sería una afectación muy grande para millones de familias que no cuentan con los recursos suficientes para afrontar un aumento del 50% en los servicios de luz y gas. Preocupa que el Ministerio de Minas haya emitido el 2 de enero una circular a los prestadores de servicio de energía eléctrica y gas anunciando estos cambios que comenzarían a implementarse a partir de abril'.
Agregó el expresidente del Congreso al respecto que 'no es lo mismo una familia en la Costa que en Boyacá, y no se le ha dado la oportunidad a estos estratos de tener una eficiencia energética, como cambiar los electrodomésticos, se tiene que hacer eso dándole la oportunidad con líneas de crédito, nadie puede ahorrar energía con electrodomésticos ineficientes y se necesita educación y formación también'.
Y frente a la posibilidad de que Gas Natural Fenosa, GNF, pudiera volver al manejo de Electricaribe, Gómez le dijo a EL HERALDO: 'no vamos a permitir como Bancada Costeña que se reviva un muerto, y aquí nadie quiere a Electricaribe, nadie quiere a Fenosa, queremos construir de la mano de un nuevo operador mayor infraestructura y mejores servicios públicos'
Entre tanto, Name criticó en diálogo con este diario la intervención de la Superintendencia de Servicios: 'No le veo ningún fundamento a que regresen, tienen una demanda contra el Estado, no ha cambiado en nada el panorama de la empresa desde que ellos se fueron, y si quieren regresar deben presentar un plan de inversión, y con la demanda tendrían que desistir de ella. Creo que fue una mala decisión por parte del exsuperintendente, José Miguel Mendoza, la intervención, y hoy después de un año queda en claro que nadie quiere una empresa que debe $1,5 billones en pasivos laborales y $2,5 billones en pasivos empresariales'.
