El juez 16 de garantías de Bogotá dictó este martes una medida de detención domiciliaria contra el expresidente y exvicepresidente de Reficar, Reyes Reynoso y Felipe Laverde, por el escándalo de Reficar, en el que, según la Fiscalía, hubo un peculado de $610 mil millones y, según la Contraloría, se produjo un detrimento fiscal total de $17 billones.
El togado consideró que Reynoso merece la casa por cárcel porque 'tiene arraigo' y 'no tiene antecedentes penales', lo que disminuye, según la decisión, la posibilidad de que no comparezca ante la justicia.
Y Laverde, sostuvo el juez, tiene problemas de salud renal
Entre tanto, en los próximos días se definirá la medida contra los exdirectivos de CB&I, Massoud Deidehban y Philip Kent Asherman, quienes comparecen desde los Estados Unidos vía videoconferencia.
El fiscal 27 Anticorrupción, Julián Rendón, dijo que los directivos de Reficar 'liberaron a CB&I de las obligaciones del contrato EPC, de ingeniería, suministro y construcción, y tampoco verificaron el cumplimiento de los requisitos', y advirtió así mismo que ese contrato, suscrito el 6 de noviembre de 2007, no se liquidó: 'ese contrato de 2007 ordenaba entregar terminada una refinería en la ciudad de Cartagena en 2012. Pero no liquidaron el contrato'.
Además, a pesar de que el contrato estaba en incumplimiento, se procedió a firmar dos contratos más: 'no se verificó el cumplimiento de las obligaciones de CB&I, dando lugar inexplicablemente a la firma de dos nuevos contratos en 2010. Y Asherman y Deidehban sabían que el contrato andaba a media marcha, que no se había terminado la ingeniería ni se habían presentado cronogramas'.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, desde abril pasado, había anunciado que 'según ha podido evidenciar la Fiscalía General de la Nación, hubo cobros irrazonables, desproporcionados y sin ninguna relación con el proyecto. Los pagos anómalos se presentaron en facturaciones por bienes o servicios no prestados al proyecto, subcontrataciones no autorizadas por Reficar, gastos suntuosos y extravagantes además de no relacionados con el proyecto, pagos duplicados de costos y pagos por equipos que no prestaron servicio al proyecto.
Por ello, el ente acusador les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos. El peculado fue tasado en más de $610 mil millones.
