La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) denunciaron que el pasado domingo 21 de enero una de sus integrantes Leydy Johana Poblador fue amenazada y golpeada por tres sujetos en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, quienes portaban subametralladoras y le mostraron varias fotografías de integrantes del partido político.
'Hoy persiste en lugares cercanos a su residencia rondas de personas no identificadas, al parecer portando armas de fuego, que hacen seguimientos a los lugares de vivienda de ella y de su familia. Le exigimos al Estado que se brinden las garantías integrales para ella y su familia y toda la militancia de nuestro partido para el ejercicio político en el marco electoral en el que estamos', indicó Camilo Fagua, integrante del partido.
La organización también señaló que este ataque se suma al atentado contra una comisión del partido en el departamento de Arauca quienes se encontraban realizado jornadas de pedagogía sobre el programa de sustitución de cultivos ilícitos y al asesinato de dos excombatientes en Antioquia.
'A la fecha se registra 49 hechos de violencia contra excombatientes y militantes del partido de las Farc. Los departamentos en donde han ocurrido estos actos son principalmente Cauca, Antioquia y Nariño. En lo que va corrido del año se han presentado siete casos', explicó Fagua.
El grupo también manifestó que el próximo 27 de enero las Farc van a hacer un acto de lanzamiento de la campaña parlamentaria en la localidad de Ciudad Bolívar e hicieron un llamado para que se cuente con todas las garantías de seguridad.
'No se necesita hilar muy delgado para poner con todas las razones que este hecho se enmarca en una campaña de los detractores de la paz para tratar de amedrentarnos por nuestro acercamiento a estas poblaciones y exigimos todas las garantías para un partido que le ha cumplido al país en el proceso de dejación de armas para que cesen la violencia contra nuestra fuerza política', manifestó Sergio Marín, directivo del partido.
Finalmente el partido político exigió al gobierno 'que actué consecuentemente con lo pactado en el acuerdo de paz y se brinden las garantías integrales para el ejercicio político de nuestros militantes'.
