La fiscal 12 delegada ante la Corte Suprema de Justicia pidió este martes medida de aseguramiento en centro de reclusión carcelario contra el gobernador de Córdoba, Edwin José Besaile Fayad, por su presunta participación en el 'cartel de la hemofilia'.
A su vez, el procurador del caso coadyuvó la solicitud del ente acusador ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, asegurando que 'el comportamiento de Besaile estructura una posible comisión de delitos contra la administración pública'.
En su exposición de la necesidad de la medida, la fiscal advirtió que 'si hasta ahora nada le impidió apropiarse de los recursos públicos, pues nada indicaría que no lo siguiera haciendo, y Córdoba continuaría en peligro con su libertad. La medida se justifica para que Besaile no haga obstrucción del proceso, para que no se oculte y para que no siga delinquiendo. Además hay que garantizar la tranquilidad jurídica de Córdoba'.
Criticó la investigadora que en este caso 'hicieron pasar a humildes ciudadanos como pacientes, que no podían enfrentar los poderes en Córdoba, para vaciar las arcas del departamento'.
Por su parte, el mandatario departamental no aceptó los delitos de peculado y concierto para delinquir, imputados por la Fiscalía.
En medio de una pequeña sala de la corte capitalina en que casi no caben ni el público ni la prensa -hecho singular pues se trata de un gobernador, lo que convoca gran atención de la opinión pública- la fiscal delegada expuso: 'Se imputa a Edwin José Besaile Fayad la circunstancia de mayor agravamiento por su función pública, ya que como gobernador ostenta el poder ejecutivo más elevado del departamento'.
Además, advirtió que el denominado 'cartel de la hemofilia' trascendió la administración del exgobernador Alejandro Lyons y llegó hasta la de Besaile.
'Besaile, como conocedor y beneficiario de estos hechos, recibió $2 mil millones primero, y luego $100 millones más, para su campaña a la Gobernación', dijo la fiscal y, acto seguido, pidió al magistrado imponerle la restricción de enajenación de 15 bienes inmuebles en Sucre y 52 bienes inmuebles en Córdoba.
'Acordaron Lyons y el senador Musa Besaile, familiar del gobernador, dividir por mitades el dinero que recibieran procedente de regalías de salud, acuerdo en el cual se hizo partícipe a Edwin Besaile. Lyons asegura haberle dado el dinero en efectivo', relató la fiscal, quien calificó dicho acuerdo como 'una alianza criminal que se nutrió de personas no sólo vinculadas a la administración departamental sino a la política nacional e incluso a entes de salud como las IPS Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana'.
Así mismo, solicitó la fiscal al togado que se suspenda de su cargo al mandatario cordobés.
Las pruebas presentadas por ente ente acusador en 366 folios corresponden, entre otras, al interrogatorio a Lyons, testigo del proceso.
El organismo investigador señaló, así mismo, que más de $1.525 millones para del suministro de medicamentos para el tratamiento de 14 pacientes diagnosticados con hemofilia, fueron entregados a la mencionada IPS en 'una ficticia prestación de servicios de salud'.
La fiscal expuso además, que después de una auditoría realizada por la Contraloría, dicha entidad comunicó a Besaile las distintas circunstancias que evidenciaban alertas sobre el manejo de los fondos del Sistema General de Participaciones, SGP, y los recursos del Programa de Alimentación Escolar, PAE, sin obtener respuesta del gobernador.
Por solicitud de la defensa de Besaile, gobernador de Córdoba desde enero de 2016, se reanudará el 16 de febrero próximo a las 2 de la tarde.
