La Fiscalía General de la Nación avanza en el rastreo y ubicación de los bienes que pertenecerían a los gestores y beneficiarios del esquema fraudulento del Fondo Premium de Interbolsa.
Recientemente, el 28 de febrero pasado fueron impuestas medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 11 propiedades avaluadas aproximadamente en $20 mil millones que los señores Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, administradores del fondo, intentaron mantener ocultos. Ese mismo día fueron ocupados los inmuebles representados en fincas, lotes, oficinas y apartamentos en Bogotá, Medellín (Antioquia) y en los municipios de Tenjo (Cundinamarca) y Cumaral (Meta).
En su momento, la Delegada contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía alertó a las capitanías de puerto del país y a las autoridades marítimas sobre la orden de incautación de un yate Gaia de uso recreativo, que pertenecería a Tomás Jaramillo y familia.
En las últimas horas fue detectado el ingreso de la embarcación a aguas colombianas, por lo que personal de policía Judicial de la Fiscalía, con apoyo de la Armada Nacional, se dirigió a la Marina Internacional de Santa Marta (Magdalena), y allí encontraron el yate. La embarcación fue decomisada con fines de extinción de dominio y será puesta a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Los elementos recopilados hasta el momento han permitido establecer que Inversiones Jaramillo Botero y Compañía, empresa de la que haría parte Tomás Jaramillo, compró el yate en 2010, por un valor cercano a los 773.000 dólares, algo más de $1.450’000.000; y posteriormente fue traspasado a la compañía Gaia Maritime In Las evidencias dan cuenta que la embarcación, modelo 2007, presuntamente cumplió con los registros para estar en territorio colombiano, pero en 2011, habría sido trasladada a Panamá.
El yate, llamado inicialmente Gaia, fue cambiado dos veces de nombre, primero a Gaia I y luego pasó ser Kyeye, maniobras que habrían dificultado su rastreo y ubicación.
Antecedentes
El descalabro bursátil del grupo Interbolsa empezó a ser investigado por la Fiscalía a finales de 2012, como consecuencia de la medida de toma de posesión de la sociedad comisionista por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Una de las anomalías descubiertas consistía en el ofrecimiento de acciones en el denominado Fondo Premium de Curazao, el cual se presentaba como un producto financiero en el exterior que, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y demás autoridades, en realidad era un elaborado esquema financiero y societario para beneficio de sus administradores y relacionados.
La Fiscalía ha solicitado colaboración internacional para intervenir otros bienes que estarían ubicados en el exterior, relacionados con el descalabro del Fondo Premium de los dos gestores aquí mencionados y de terceras personas involucradas por otras líneas investigativas del caso Interbolsa.
