El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, radicó con mensaje de urgencia el proyecto de ley que busca facilitar el sometimiento a la justicia de grupos armados organizados con el fin de 'garantizar la terminación del actuar delictivo de dichas organizaciones criminales'.
Tras ser socializada y avalada por el Consejo Superior de Política Criminal, la cartera de Justicia busca 'fortalecer el sistema específico de normas y mecanismos procesales y de investigación que permitan a fiscales, jueces y servidores de policía judicial enfrentar oportuna y eficazmente' a los Grupos Delictivos Organizados (GDO) y a los Grupos Armados Organizados (GAO).
De igual forma, define un procedimiento especial para la sujeción a la justicia de los GAO, 'sin que esto signifique en ningún momento, su reconocimiento político o la aplicación de mecanismos de justicia transicional'.
Al respecto, Gil explicó que 'este es un proyecto que está dirigido a toda la criminalidad en el país que se encuentra dividida en grupos delictivos organizados y grupos armados organizados; buscamos fortalecer la investigación de hechos punibles cometidos por bandas criminales a través de un acercamiento colectivo y una judicialización de los miembros de las mismas, los beneficios que contempla este proyecto son para la sociedad colombiana'.
La iniciativa, agregó, es un instrumento complementario y urgente para facilitar la implementación del Acuerdo Final de La Habana, y está estructurada sobre tres títulos: El ámbito personal de aplicación de la ley, las medidas de fortalecimiento de la investigación y la judicialización de los grupos y organizaciones criminales y el establecemiento de un procedimiento especial para la sujeción de los grupos criminales en este orden.
'En ningún caso la sujeción a la justicia impedirá la extradición. Y sólo a través de un representante que designe el grupo armado organizado se le manifestará de manera escrita al Gobierno Nacional la voluntad de sujetarse colectivamente. Dicha solicitud deberá contener la manifestación expresa, libre y voluntaria del grupo, información precisa que señale su estructura y las conductas delictivas que serán reconocidas', precisó el ministro.
Finalmente, indicó la cartera del Derecho que los grupos deben presentar una relación detallada de sus bienes, información que conduzca a relacionar a los menores que hagan parte de esa organización e identificar las víctimas que serán reconocidas junto con un plan para repararlas.
Y concluyó que los grupos armados que colaboren con la justicia, que entreguen los menores, entre otros requisitos, tendrán derecho a una rebaja del 50% de la pena, y una vez iniciado el proceso de sujeción a la justicia, la Fiscalía podrá suspender las órdenes de captura.
