Ante la emergencia presentada en inmediaciones del pozo La Lizama 158, operado por Ecopetrol en Santander, la Procuraduría General de la Nación citó a una reunión de urgencia al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo Urrutia; a la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Claudia Victoria González Hernández, y al presidente de la petrolera, Felipe Bayón Pardo, para buscar una salida a la crisis ambiental que generó el derrame de petróleo.
El ente de control le pidió a la Anla ordenar a la petrolera 'suspender las actividades de exploración y explotación en el área, iniciar en la zona acciones para atender el incidente que ha afectado gravemente la fauna y la flora, y realizar estudios que determinen la razón técnica y científica de la emanación de crudo'.
Además, el Ministerio Público solicitó un informe detallado de las medidas preventivas iniciadas por Ecopetrol para detener los afloramientos de hidrocarburos en la zona de La Lizama y sus alrededores.
El órgano de control también requirió 'una relación de las afectaciones a la salud de las comunidades vecinas y de los impactos ambientales al paisaje, los suelos, recursos hídricos y el aire, que se han identificado hasta el momento por la emanación del crudo, y qué labores de rescate de fauna silvestre se están realizando para atender la emergencia'.
El Ministerio Público requirió igualmente un informe para establecer si las medidas para atender la emergencia estaban contenidas en el Plan de Contingencia presentado por Ecopetrol y si han sido suficientes para mitigar y prevenir el impacto ambiental causado por el derrame del crudo.
