El viceprocurador Juan Carlos Cortés presentó este lunes ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, una solicitud de nulidad frente la decisión que dejó en firme la candidatura a la Alcaldía de Cartagena de Antonio Quinto Guerra Valera, del Partido Conservador.
A juicio del Ministerio Público, el aspirante se encuentra inhabilitado para aspirar al cargo en las elecciones atípicas del próximo 6 de mayo.
'Con la decisión del CNE de integrar para este caso una sala de 11 magistrados -nueve consejeros titulares y dos conjueces-, la votación aprobatoria requería mínimo de siete votos' y no de los seis que se registraron, indicó Cortés.
Por ello, para la Procuraduría la sesión en la que se dio el visto bueno a la candidatura de Guerra Varela 'desconoció la obligatoriedad de la mayoría calificada como lo establece el Código Electoral'.
Es decir, aunque asistieron ocho consejeros se requería un mínimo de siete sufragios a favor y no solo de seis.
'La votación al proyecto fue de seis votos a favor y dos en contra. Los consejeros que votaron en contra fueron Armando Novoa García y Héctor Helí Rojas Jiménez. Ante esta situación, el Ministerio Público puso en conocimiento de la Sala, en ese momento, que no se tenía el quorum necesario para tomar la decisión, al no contarse con la mayoría calificada exigida por el artículo 20 del Código Electoral, sin embargo, dicha petición no fue atendida y se procedió a proferir la Resolución 0995 dentro de la actuación administrativa', se lee en la solicitud de nulidad.
El segundo al mando del ente de control disciplinario insistió además en la tesis de que Guerra Varela 'se encuentra inhabilitado para aspirar a la Alcaldía de Cartagena, porque cinco meses antes de su inscripción tuvo contratos con el Departamento de Bolívar y el Ministerio de Vivienda, con el que firmó un otrosí el 30 de octubre, que modificó el contrato inicial y extendió el tiempo de su vinculación hasta el 31 de diciembre'.
Los contratos relacionados por parte del Ministerio Público son el 461 de marzo 1 de 2017, el cual se extendió hasta el 31 de diciembre de 2017. Y con el Ministerio de Vivienda celebró el contrato 329 del 29 de enero de 2017, prorrogándose al 30 de octubre de 2017.
A su vez, el magistrado del CNE, Armando Novoa, de la Alianza Verde, uno de los que votó en contra de la habilitación del candidato a la Alcaldía de la capital bolivarense, había expresado en una constancia del pasado 26 de abril consideraciones similares a las del viceprocurador.
'Cualquier decisión del CNE sobre si el candidato a un cargo de elección popular se encuentra habilitado o no, debe ser adoptada por no menos de seis de sus miembros', indicó el consejero en el documento radicado al respecto del caso Guerra, citando el artículo 20 del Código Electoral, que dispone que la decisiones deben ser acogidas por las dos terceras partes de los integrantes del ente.
Así mismo, Novoa hizo críticas a la corporación de control electoral por la manera en que decidió este expediente: 'Desde el CNE se promueven prácticas institucionales contrarias a los mandatos de la Constitución Política que afectan la moralidad pública y la credibilidad en la autoridad electoral'.
La decisión final quedará en firme el miércoles 2 de mayo, luego de que se revisen los recursos que interpusieron el delegado de la Procuraduría y el solicitante de la revocatoria, el abogado César Saavedra.
El jurista también sostuvo que su recurso se relacionaba con la votación sin el quorum no reglamentario por parte del CNE. Agregó que a la sesión del pasado 27 de abril dejaron de asistir tres titulares y una de ellas, la magistrada Ángela Hernández, no justificó su inasistencia.
Por su parte, Guerra Varela, en un comunicado, indicó: 'La campaña de Antonio Quinto Guerra Varela recibe con satisfacción la decisión mayoritaria del Consejo Nacional Electoral (CNE) que negó la solicitud de revocatoria de la candidatura, ratificando, como se afirmó en todo momento, que está habilitado para ser elegido alcalde de la ciudad de Cartagena'.
El aspirante había advertido, además, que Saavedra recurría a 'una maniobra para favorecer causas políticas' y aseguró así mismo que el quejoso había sido asesor jurídico del Partido de la U y de Cambio Radical: 'No estamos frente a un profesional del derecho que está preocupado por la juridicidad de una inscripción, estamos frente a un abogado especialista en defender causas políticas. En este caso apelando a acciones jurídicas sin ningún fundamento'.
