Varias organizaciones sociales y políticas solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, medidas cautelares de protección para 445 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.
El senador del Polo, Iván Cepeda; el representante de la misma colectividad, Alirio Uribe; el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Cspp, y la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Reiniciar, pidieron que 'se garantice el ejercicio libre de la defensa de los derechos humanos en el país, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto armado'.
La protección solicitada recaería sobre organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice; Unión Patriótica, UP; Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, Cacep; Marcha Patriótica, Mapa y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam.
Exhorta el documento al ente del sistema interamericano a que se ordene al Estado colombiano a 'suspender la actuación violenta, de hostigamientos e inteligencia, en contra de las y los integrantes de estas organizaciones; y se ordene iniciar y llevar a buen término las investigaciones penales y disciplinarias por los asesinatos, desapariciones, amenazas, atentados, actos de tortura de los cuales han sido víctimas'.
Cepeda indicó que tras la firma del Acuerdo del Colón 222 líderes,ñ lideresas y defensores de DD.HH han sido asesinados: 'resulta preocupante la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en febrero de este año, que evidencia como los altos niveles de impunidad persisten sin avances significativos en materia de identificación de los responsables materiales e intelectuales'.
Además, instan a la Cidh a que se obligue al Estado a 'la implementación expedita y de manera concertada de medidas materiales de protección, y se nombre por parte de la Comisión un Relator Especial sobre la situación actual de derechos humanos de quienes firman esta petición'.
Por su parte, Uribe advierte que es 'evidente que, aunque el Gobierno lo niegue, existe sistematicidad en los homicidios de los lideres asesinados, que en su mayoría han sido perpetrados con arma de fuego, y cometidos en inmediaciones a la vivienda de las victimas lo que evidencia el seguimiento que precede al hecho, y otros precedidos de amenazas y ofrecimiento de recompensas económicas por acabar con la vida de los mismos'.
En total, en la Cacep se identificaron 16 casos de riesgo; en el Movice, en la actualidad hay 14 defensores de derechos humanos que se encuentran amenazados; en la Mapa desde su fundación han sido asesinados 150 líderes, 35 después de la firma del Colón y a la fecha, 389 integrantes se encuentran en riesgo; en la UP cursa una petición de responsabilidad internacional del Estado colombiano en la operación de exterminio contra este partido político; en Coccam, entre septiembre del 2017 y febrero del 2018 han sido víctimas de 22 ataques e intimidaciones, y 28 de sus miembros están en situación de vulnerabilidad actualmente.
