La Fiscalía informó este miércoles que entregó a la JEP los primeros informes sobre las investigaciones contra las Farc y agentes del Estado, en los que se destaca la cifra de $3,6 billones que habrían significado para las Farc los secuestros y retenciones, las 55 mil violaciones de DD.HH. de las AUC y 52 mil de las Farc y las 1.620 víctimas de los partidos de izquierda a manos de la alianza criminal entre paramilitares y el Estado.
Los registros de los investigadores dan cuenta de 223.282 casos identificados, que corresponden a 280.471 indiciados y 196.768 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. De estos, 55.768 hechos corresponden a las AUC, 52.220 a las Farc, 13.934 casos a la fuerza pública, 10.164 al ELN, 3.324 a otras guerrillas y 87.872 a grupos no identificados.
En total, la Fiscalía cuenta con 6.162 investigaciones atribuibles a las Farc, que agrupan 8.163 víctimas y 4.314 procesados. Por departamentos, Antioquia tiene la mayor cantidad de investigaciones con 1.904. Y en el Caribe: en Bolívar 332 pesquisas, Córdoba 307 y Cesar 292.
'El grupo más afectado de víctimas fue la población campesina con el 24,87%; seguido de medianos empresarios, 18.34 %; comerciantes, 13,80%; aspirantes y funcionarios de cargos públicos, 12,43%, fuerza pública, 8,43%', se lee en el reporte.
Además, el fiscal Néstor Humberto Martínez advirtió que 'este informe retrata una de las violaciones de derechos fundamentales más cruel e inhumana que tuvo lugar en el marco del conflicto armado de nuestro país. La retención ilegal y extorsiva de personas fue recurrente a través de los años, y siguió unos lineamientos explícitos de las Farc para financiar su expansión militar y potenciar su capacidad de negociación política. Fue un crimen que afectó de manera indistinta a hombres y mujeres inermes, ricos y pobres, campesinos e industriales, jóvenes y viejos, poderosos y débiles. El informe también plasma los tratos inhumanos a las víctimas, cuyo derecho a la libertad se les llegó a conculcar —en algunos casos— por varios lustros'.
De otro lado, de acuerdo con una estimación oficial, durante el periodo 1996-2012 las Farc habrían recaudado un total de $3,6 billones por este accionar criminal.
Agregó el fiscal Martínez que 'este informe da cuenta de un vergonzoso episodio en la vida democrática de Colombia, caracterizado por una alianza entre grupos de autodefensa y agentes del Estado que le cerró el paso en la vida política nacional a sectores emergentes de la izquierda democrática a finales del siglo pasado y frustró la consolidación, entre nosotros, del principio de representación en las corporaciones de origen popular y cuya judicialización —debe reconocerse— no ha alcanzado la importancia y significación que demandaban los oprobiosos crímenes cometidos al amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional'.
Por esta violencia contra de miembros de la Unión Patriótica durante los años de 1984 y 2016, se tienen documentados 863 procesos en los que se identificó alguna relación entre los hechos delictivos y la militancia en la UP. Estos procesos registran 1.620 víctimas por las cuales hay 277 agentes del Estado vinculados como presuntos responsables.
La mayoría de los casos se concentraron en tres departamentos: Antioquia, Meta y Santander. Pero también se cuenta con registros de victimización en: Bolívar, Cesar, Chocó y Tolima.
