El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, solicitó al Instituto Colombiano de Medicina Legal realizar una evaluación médica a Jesús Santrich, para redefinir su lugar de reclusión.
'Primero hay que hacer una evaluación médica y de acuerdo a eso el Gobierno Nacional va a proceder tomar las determinaciones pertinentes', expresó el ministro.
'Santrich' permanece en las instalaciones de la Fundación Caminos de Libertad, a cargo de la Conferencia Episcopal, desde el pasado 10 de mayo, luego de ser trasladado del Hospital El Tunal, en donde estuvo recluido por unos días como precaución ante posibles problemas de salud derivados por la huelga de hambre que adelantaba desde el pasado 9 de abril.
El integrante del Consejo Político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), dejó de consumir alimentos como protesta ante lo que consideró una detención irregular en el marco de la solicitud de extradición que hizo la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por cargos sobre presunto narcotráfico.
Santrich asegura que los cargos son infundados y que corresponden a un intento por boicotear los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC.
El exlíder guerrillero decidió romper la huelga de hambre de forma temporal el pasado 19 de mayo y desde entonces ha venido recibiendo un tratamiento para acondicionar su cuerpo, para paulatinamente volver a consumir alimentos de forma normal.
Esta medida adoptada por 'Santrich' se conoció días después de que la Sala de Revisión del Tribunal de Justicia Especial para la Paz (JEP), anunciara su decisión de suspender el trámite de extradición y dio un plazo de diez días para que la defensa del acusado y la Fiscalía presenten pruebas sobre el caso.
Esta decisión generó una polémica entre los sectores de opinión y especialistas en derecho, puesto que algunos consideran que tal medida sobrepasa las competencias de la JEP.
Dicha discusión será dirimida por el Congreso de la República una vez apruebe el proyecto de ley estatutaria de la JEP, que en su primer debate se votó que el tribunal solo está facultado para definir si la conducta de un excombatiente de FARC solicitado en extradición se cometió antes o después de haberse firmado el acuerdo de paz, es decir, el 1 de diciembre del 2016.
En el caso de 'Santrich', la Fiscalía dice tener evidencia de que la conspiración que se habría montado para exportar 10 toneladas de cocaína se configuró a lo largo de 2017.