El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó el traslado de ‘Jesús Santrich’ a la cárcel de máxima seguridad La Picota en la ciudad de Bogotá luego de estar recluido en una sede de la Conferencia Episcopal.
El hecho se da después de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que Seuxis Hernández Solarte, excombatiente de las extintas Farc, se encuentra en buen estado de salud.
Este dictamen médico lo realizó el órgano forense, una vez el Ministerio de Justicia lo solicitara para determinar su estado y evaluar la posibilidad de trasladarlo a un centro carcelario.
‘Jesús Santrich’ entró en huelga de hambre una vez fue detenido, el pasado 9 de abril, y tras ser trasladado a la cárcel La Picota continuó con la iniciativa, hasta tal punto que miembros del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario (Inpec) lo trasladaron al hospital El Tunal, ubicado al sur de la capital del país, como signo de prevención.
Cuando hubo mejoría en su estado de salud la Conferencia Episcopal intervino para que éste fuese llevado a una de sus sedes.
‘Santrich’ fue detenido por solicitud de las autoridades estadounidenses por presuntamente pertenecer a ‘La Familia’, una organización criminal que buscaba enviar 10.000 kilos de cocaína hacía Miami.
Hoy por hoy, alrededor de este caso Santrich existe un debate jurídico, pues el 17 de mayo, la Justicia Especial para la Paz –jurisdicción creada de los Acuerdos firmados con las Farc– decidió suspender dicha orden de extradición.
Néstor Humberto Martínez, fiscal general, cuestionó esa medida anunciada por la JEP, alegando que la justicia transicional se había extralimitado en sus funciones, toda vez que su ley reglamentaria todavía no había completado el trámite al interior del Congreso de la República, único órgano facultado para ello.
A pesar de ello, el trámite de extradición fue interrumpido por el Tribunal de Paz durante un plazo máximo de 120 días, en los cuales Estados Unidos, la Fiscalía colombiana y la defensa de ‘Santrich’ podrán presentar y solicitar las pruebas correspondientes para que se adelante el debido proceso.
