La Contraloría imputó cargos de responsabilidad fiscal por US$2.400 millones, el mayor detrimento patrimonial del Estado en toda su historia, contra 20 personas, incluyendo funcionarios, miembros de junta directiva y directivos de multinacionales, por el desfalco de Reficar.
El contralor delegado intersectorial 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Javier Eduardo Noguera Rodríguez, imputó responsabilidad fiscal a Javier Gutiérrez, expresidente de Ecopetrol; Pedro Rosales, exvicepresidente ejecutivo del Downstream de la matriz Ecopetrol y Diana Calixto, exjefe de la Unidad Corporativa de Filiales de Ecopetrol.
Asimismo, fueron imputados Hernando Gómez, miembro independiente como exdirector del Departamento Nacional de Planeación, DNP; Henry González, Uriel Salazar, Natalia Gutiérrez, Astrid Martínez y Carlos Gustavo Arrieta, miembros de la Junta Directiva de Reficar 'que aprobaron los controles de cambio reprochados fiscalmente por el ejercicio de una gestión fiscal irregular de las inversiones en el proyecto'.
También se imputó responsabilidad fiscal solidaria por contribuir a la pérdida de las inversiones en el proyecto a los expresidentes de Reficar, Orlando Cabrales y Reyes Reinoso; a la ex vicepresidenta administrativa y financiera de Reficar, Magda Manosalva; a los exvicepresidentes de proyecto de Reficar, Carlos Bustillo y Andrés Riera y al director corporativo de Proyectos de Ecopetrol, César Barco.
Y se les archivó el proceso a Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, Carlos Rodado, Fabio Echeverri, Federico Rengifo, Joaquín Moreno, Mauricio Santamaría, Tomás González, Jorge Pinzón, Horacio Ferreira, Roberto Steiner, Luis Ramírez, Amilkar Acosta, Luis Carlos Villegas, Ana Maiguashca y Gonzalo Restrepo.
Finalmente, se imputó responsabilidad fiscal solidaria por la totalidad de los US$2.433 millones de las inversiones menoscabadas, a las multinacionales contratistas del proyecto CBI Americas, CB&I, UK Limited, CBI Colombiana, Foster Wheeler y Process Consultants.
Al respecto, el contralor Edgardo Maya Villazón, aseveró: 'con los sobrecostos de la ejecución y los costos de financiación, los colombianos vamos a terminar pagando US$13 mil millones'.
Agregó el valduparense que el ente de control comprobó 'la existencia de daño fiscal por la pérdida de las inversiones realizadas en la Refinería de Cartagena durante los años 2011 a 2015'.
'Se demostró que se vulneró la promesa de valor de las inversiones del proyecto al pagarse mayores costos por mano de obra y subcontratos, que ponen en jaque la recuperación del dinero invertido con la rentabilidad esperada por la Nación como accionista mayoritario. La Refinería inicialmente planeada por un valor de US$3.777 millones, terminó costando US$8.326 millones, descontando financiamiento e intereses', advirtió el funcionario.
Pudo determinar el organismo revisor que de los US$4.500 millones adicionales, por lo menos US$3.500 millones se habrían destinado a financiar mano de obra adicional ocasionada por la baja productividad que fue persistente a lo largo de toda la ejecución del proyecto y sobre lo cual no se tomaron acciones preventivas ni correctivas, oportunas y efectivas.
Asimismo, hubo hechos irregulares como el de haber aprobado una póliza irrisoria de US$1 millón para asegurar el cumplimiento del contrato con el grupo de empresas CB&I, para realizar una obra con costos de esa magnitud.
'Se determinó que se suscribieron los acuerdos MOA y PIP en 2014 para pagarle a CB&I las facturas sin restricciones ni controles. Por medidas como esta se reembolsaron a CB&I costos no razonables por baja productividad, demoras y re-trabajos por defectos en diseños e ingeniería detallada, y sobrecostos en materiales de construcción', indica el comunicado.
De igual forma, se ordenó investigar en proceso separado el lucro cesante ocasionado por la entrada tardía en operación por los problemas en la construcción de la refinería, por una cuantía de US$1.936 millones.
