La Fiscalía interpuso una queja disciplinaria ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Soacha, por la demora en resolver un recurso de nulidad contra una decisión de casa por cárcel a favor de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.
El recurso de nulidad contra la detención domiciliaria de la exmandataria fue interpuesto hace ocho meses y aún no se ha resuelto, pese a que este tipo de nulidades suelen despacharse en un par de semanas.
Esta demora, según el ente acusador, habría permitido la libertad esta semana, por vencimiento de términos, de la exgobernadora de la península, debido a que de ser fallado a tiempo hubiera devuelto a la cárcel a la política señalada de un millonario desfalco al programa para combatir la mortalidad infantil en el municipio de Albania.
Para el organismo investigador, además, causa suspicacia el hecho de que el juzgado de Soacha haya citado la audiencia para resolver el recurso este martes 12 de junio, varios días después de que se le hubiera otorgado la libertad a Pinto, pues de ser admitido el recurso, es decir, que se declare el regreso a la prisión de la exmandataria, este ya sería inane ante la decisión de liberarla.
El recurso de nulidad fue interpuesto en octubre pasado por parte tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría contra la decisión que otorgó la casa por cárcel a Pinto.
El Ministerio Público señaló que la diligencia debía desarrollarse en Bogotá y no en Soacha, como se hizo, y debido a que se realizó sin la Fiscalía y sin el propio Ministerio Público.
El ente de control pidió además al Consejo Seccional de la Judicatura investigar a Antonio Luis González, defensor de Pinto y quien ya era conocido por ser el fiscal que presentó los falsos testigos en el caso Colmenares. El abogado, según el ente de control, habría omitido notificar a la Procuraduría, notificar a la togada de la existencia de una agencia especial en el proceso e informar de la respuesta del fiscal en que informaba que se encontraba en labores investigativas en La Guajira y por eso no pudo asistir a la citación.
Por ello, la Procuraduría pidió al Consejo Seccional de la Judicatura investigar 'la posible comisión de faltas disciplinarias por parte del abogado de la exgobernadora de La Guajira, entre ellas, que se omitiera la notificación al Ministerio Público sobre la diligencia en el juzgado de Soacha para sustituir la medida de aseguramiento, y que también omitiera informar a la jueza de garantías la existencia de una agencia especial, así como de un correo electrónico del entonces fiscal 28 Anticorrupción, donde le advertía que desde el 10 de octubre estaría en Maicao, La Guajira, en asuntos judiciales propios de su cargo'.
