La defensa del exmagistrado Rodrigo Escobar, condenado en segunda instancia por tráfico de influencias cuando era abogado de Fidupetrol, interpuso recurso extraordinario de casación, el cual deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia.
Escobar fue magistrado de la Corte Constitucional y tras su salida, varios años después, fue contratado por la empresa Fidupetrol para integrar el equipo legal que interpuso una tutela contra una decisión en la que la Corte ordenó el embargo de 20.000 millones de pesos, como parte de las medidas para que respondiera solidariamente por un caso de corrupción protagonizado por el exgobernador de Casanare, Whitman Porras.
Según el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se falló la segunda instancia, Escobar habría aprovechado su paso por la Corte para mover influencias que promovieran el estudio de la controvertida y particular tutela.
'Se dijo en la acusación que entre el 18 de octubre de 2013 y el 27 de marzo de 2014 el abogado Rodrigo Escobar, prevalido de haber sido magistrado de la Corte Constitucional y de su amistad con los entonces magistrados de esa corporación, Jorge Pretelt y Mauricio González, le manifestó a éste en un almuerzo convocado por aquél, que Fidupetrol se encontraba en una lamentable situación, tanto jurídica como financiera, y que en el trámite de revisión de la acción de tutela... se hizo una solicitud de medida provisional, que le había correspondido a él como ponente en la Corte Constitucional. La influencia indebida del procesado sobre el magistrado González se habría hecho con la intención de obtener una prima de éxito de 100 millones de pesos, pactada entre la sociedad Escobar & CIA SCA y Fidupetrol, en caso de que medida provisional se decidiera a favor de esta empresa', dice en los hechos presentados en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá.
Por este caso está en proceso de juicio el expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, cuyos alegatos finales son analizados en estos momentos por la Sala Penal de la Corte Suprema, para tomar una decisión acerca de su responsabilidad o no en los hechos que se le imputaron.
