El alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, presentó este miércoles la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica, que apunta a garantizar que los desmovilizados de la antigua guerrilla de las Farc, hoy partido político, regresen a la sociedad con todas las posibilidades y no reincidan en actividades al margen de la ley.
Según Rivera, esta hoja de ruta 'garantiza a largo plazo que los exintegrantes de Farc y sus familias accedan a los derechos que tienen como ciudadanos colombianos y a los beneficios que les corresponde por haberse acogido al proceso para finalizar el conflicto armado'.
El documento fue adoptado mediante el Conpes 3931 de 2018, lo cual permite, de acuerdo con la entidad coordinadora de las estrategias de paz, trazar una hoja de ruta para el mediano y largo plazo hacia la consolidación de una política de Estado que permita la plena reincorporación de los exintegrantes de Farc y la articulación de las acciones y los recursos para su implementación.
Agregó el alto comisionado que esta política se construyó con la participación integra del Estado, como respuesta a miles de excombatientes que dejaron las armas y están comprometidos con la construcción de una paz estable y duradera.
'Quiero resaltar el valor estratégico de esta política, porque un buen proceso de reincorporación económica y social de las Farc a todos sus entornos comunitarios, será de gran incidencia en el afianzamiento de una paz estable y duradera y la garantía de la no repetición', dijo.
El documento le define responsabilidades a 19 entidades del Estado en 97 acciones, las cuales deberán cumplirse en los próximos 8 años. De igual manera, detalla recursos de los presupuestos de cada entidad para ser implementados, por un total de $6,3 billones.
'La Política de Reincorporación fortalece los procesos de articulación entre las entidades responsables, promueve la reconstrucción del tejido social quebrantado por el conflicto, genera condiciones para que exintegrantes de Farc, y sus familias, tengan acceso a programas y recursos para su estabilización y proyección económica, y crea mecanismos de atención y garantía a los derechos fundamentales de quienes se acogieron al Acuerdo de Paz', se lee en el comunicado de la oficina del alto comisionado.
