A través de sus abogados, el Clan del Golfo presentó la solicitud formal de sometimiento colectivo a la justicia ante delegados del Gobierno Nacional.
Este corresponde al primer paso que realizó este grupo armado ilegal para someterse después de haber sido sancionada la ‘Ley de sometimiento a la justicia’ por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. El Gobierno Nacional desde hace varios meses viene haciendo acercamientos con este grupo armado.
En el encuentro que se llevó a cabo ayer, participaron el vicepresidente de la República Óscar Naranjo, el ministro de Justicia Enrique Gil, un representante de la Fiscalía y los abogados del grupo criminal liderado por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
Dicha reunión tuvo como objetivo la revisión de la solicitud de sometimiento realizada por la organización criminal.
El Gobierno, a su vez, entregó a los representantes del Clan del Golfo los requisitos que deberán cumplir los miles de hombres que pertenecen a este grupo para iniciar el proceso de judicialización.
Según la ley, los miembros que se acojan a la justicia contarán con descuentos de ley hasta del 50% para delitos comunes y hasta un 30 % para aquellos de lesa humanidad.
El proceso ha sido liderado por Óscar Naranjo, quien está al frente de las distintas reuniones con los abogados del Clan del Golfo en todo el proceso. El Gobierno espera que esta organización armada pueda tener grandes avances en el proceso de desarme antes del 7 de agosto, cuando finaliza el mandato de Juan Manuel Santos.
El Clan del Golfo sería la primera banda criminal del país en acogerse a la ley de sometimiento. Sus miembros podrían tener beneficios como reducción de penas de hasta el 50% y reclutamientos en granjas agrícolas.
El Clan del Golfo
La organización criminal está conformada por remanentes de paramilitares de ultraderecha que se desmovilizaron en 2006 y es encabezada por alias Otoniel, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.
Además de controlar buena parte del narcotráfico, el Clan del Golfo ha sido mencionado por la Fiscalía y el gobierno como presuntos responsables de algunas de las muertes de activistas de derechos humanos que promueven la sustitución de cultivos ilegales, entre otras causas.
El grupo llegó a contar con unos 4.000 hombres, que se redujeron a unos 1.800 tras la arremetida militar que lanzó el gobierno desde 2015, de acuerdo a cifras oficiales de 2017.
En septiembre del año pasado esta organización hizo saber al gobierno su disposición de acogerse a la justicia.
