Para el próximo 3 de septiembre quedó programada la audiencia de imputación de cargos contra el empresario de Hyundai Carlos Mattos, quien es investigado por presuntamente amañar un proceso judicial para salir beneficiado.
Inicialmente la diligencia estaba programada para este viernes a las 3:00 de la tarde en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá, sin embargo, no se llevó a cabo debido a que su defensa hizo llegar al estrado judicial una certificación médica donde anunciaba que el empresario cuenta con una enfermedad psicológica que le impediría tomar decisiones por su cuenta.
El informe psicológico que fue firmado por la profesional Teresita Cruz Lamadrid, el pasado 20 de julio de 2018 desde Madrid (España), anunció que desde el 14 de abril y hasta la fecha actual Carlos Mattos tiene un medicamento prescrito denominado Britellix 10mg, que es suministrado a personas que padecen de depresiones continúas.
Por su parte, el penalista Jaime Bernal Cuellar, quien defiende los intereses de Mattos, consideró que harán presencia ante los estrados judiciales cuando sean requeridos, sin embargo, aseguró que 'la audiencia debe hacerse cuando la persona esté en condiciones de conciencia para aceptar o no los cargos'.
Carlos Mattos es requerido por presuntas irregularidades en el reparto de una demanda que presentó el dueño de la empresa Hyundai Colombia contra la coreana Hyundai Motor Company, que durante septiembre de 2015 le quitó a Mattos la representación comercial de la marca en el territorio nacional.
'Se encargó de iniciar una serie de acciones legales nacionales e internacionales para salir beneficiado de la determinación que habían tomado desde Corea (…) en ese orden conformó un pull de abogados en Colombia especializados en temas de derecho comercial y civil, entre quienes está Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, quien fue designado para proyectar la demanda en territorio nacional', dijo la Fiscalía.
Por estos hechos, Reinaldo Huertas, quien fungió como juez del proceso, fue enviado a la cárcel el pasado 8 de junio. Del mismo modo, ocho personas más están vinculadas a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, entre lo que se encuentran abogados, ingenieros y funcionarios de la rama judicial.
