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La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, rechazaron la creciente ola de hechos que atentan contra la integridad física y moral de los periodistas. Por esto, convocaron a las autoridades públicas encargadas de impedir que prospere este intento de limitar el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la información en el país.

Ante el aumento de amenazas a la libertad de prensa, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez; el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret; el Ministro del Interior, Guillermo Rivera; el Director de la Unidad de Protección, Diego Mora; y Nancy Patricia Gutiérrez en calidad de Ministra del Interior designada y vocera de la comisión de empalme del gobierno del presidente electo Iván Duque, manifestaron en una carta su compromiso que tienen con una prensa libre que fortalezca la democracia y permita que los ciudadanos reciban informaciones y opiniones de toda índole.

De igual forma, se comprometieron a dar instrucciones a las delegaciones territoriales de los órganos de control para que velen por que haya seguridad al momento de realizar ejercicios periodísticos de la región y el resto del país.

'Como representantes del Estado rechazamos todas las formas de violencia contra la prensa, en especial la que se registra en los territorios. Ratificamos nuestro compromiso con una prensa libre que fortalezca la democracia y permita que los ciudadanos reciban informaciones y opiniones de toda índole, ejerzan el escrutinio público y tomen decisiones con plena libertad', dijeron en la misiva.

Entre tanto, los funcionarios les piden a los periodistas y demás medios de comunicación para que denuncien cualquier tipo de amenaza o agresión relacionados con afecte el ejercicio de su profesión. El objetivo es que las autoridades competentes puedan actuar de manera oportuna y para ello se habilitarán canales de comunicación necesarios para atender esos llamados.

Entre tanto, los representantes del Estado convocaron a la sociedad civil y, en especial a los funcionarios públicos, a rechazar la violencia contra la prensa y actuar de manera contundente en este tipo de casos.

'La censura conlleva un costo social y democrático intolerable. Invitamos al país a respaldar la libertad de prensa, así como a los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Valoramos el compromiso de la AMI y la FLIP para estimular acciones pedagógicas que permitan comprender el valor del periodismo, la libertad de prensa, los líderes sociales y defensores de derechos humanos en la democracia', indicaron en su carta.