Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, aseguró que la Fiscalía le imputa cargos infundados por presunta corrupción en la Ruta del Sol, y agrega que los mismos están basados en un testimonio de un funcionario al que considera sin poder de decisión dentro de la Agencia Nacional de Infraestructura.
Andrade además señaló que la persona que lo acusa habría mentido bajo juramento, además de que habría recibido sobornos y al parecer intimidó a un testigo.
El expresidente de la ANI se expresó así en un comunicado de prensa que publicó este sábado, dos días después de que la vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, anunciara que se le imputarán nuevos cargos por hechos relacionados con presuntas actividades irregulares en la adición a Ruta del Sol III, cuyo consorcio es Yuma Concesionario.
Andrade Moreno deberá responder por los delitos de interés indebido en celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La diligencia se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre en el Complejo Judicial de Paloquemao.
En esta ocasión es llamado por el ente acusador para que responda por las supuestas irregularidades que se presentaron en el marco de la adjudicación de los otrosíes número 1 del contrato de la Ruta del Sol III, y el número 5 que no tenía otro objetivo, más que el de adjudicar los estudios y diseños para la construcción de Puente Plato, en el departamento de Magdalena.
'Yo siempre luché a favor de los intereses de Colombia y estuve al margen de los pagos ilegales que se aproximan a la escandalosa cifra de 50 millones de dólares. Nadie se atrevió a ofrecerme sobornos porque sabían que los denunciaría de inmediato. También está comprobado que fui el funcionario que lideró la defensa de los recursos públicos ante las absurdas reclamaciones y demandas de Ruta del Sol SAS, lo cual generó la ira de Odebrecht y su principal socio, el Grupo AVAL', manifestó Andrade.
El exfuncionario además criticó el tratamiento que se le ha dado, con detención preventiva, mientras que 'todos los ejecutivos de Odebrecht y del Grupo AVAL, que ordenaron o pudieron tener información sobre los pagos ilegales hechos en Colombia, están libres y siendo tratados con delicadeza por la Fiscalía'.
