Al citar la primera rueda de prensa tras la posesión del gobierno, el canciller entrante, Carlos Holmes Trujillo, anunció acciones jurídicas sobre el caso de los 59 colombianos presos en Venezuela, desde hace casi dos años, acusados por el presidente Nicolás Maduro de 'paramilitares' y 'mercenarios'.
'Sobre los colombianos presos en Venezuela siempre actuaremos sin vacilación y no ahorraremos acción alguna que sea permitida por los marcos jurídicos existentes', aseguró Trujillo al referirse a los colombianos detenidos, 54 costeños.
Esta sería la primera declaración que emite el Canciller colombiano, bajo el gobierno de Iván Duque, en favor de los connacionales detenidos.
Ya el pasado jueves una fuente del ministerio de Relaciones Exteriores había informado a EL HERALDO que el nuevo canciller, Carlos Holmes Trujillo, dado el poco tiempo que tiene en el cargo, 'está documentándose de todos los casos para tomar acciones y decisiones al respecto, de la manera más pertinente' a cada situación.
La declaración se dio en medio del caso del detenido José Sarmiento Martelo, oriundo de Aguada de Pablo, corregimiento de Sabanalarga, a quien sus parientes lo habían dado por muerto desde 2013 en Caracas.
Sin embargo, descubrieron que estaba vivo gracias a un video difundido por redes sociales donde aparece Sarmiento, de 56 años, contando su situación en el centro de reclusión en donde permanece desde el 2 de septiembre de 2016.
El caso y la pasada administración
Desde la administración de la Cancillería en manos de la exministra María Ángela Holguín, se dijo que se habían remitido más de 40 notas diplomáticas a distintas instancias de la Administración venezolana sobre la situación de los detenidos. Pero tales 'acciones' no ejercieron ningún efecto.
Cabe destacar que los connacionales resultaron beneficiados por un fallo proferido en noviembre de 2017 por el Juzgado 27 de Control de Caracas, que mediante Sentencia 1725-17, de primera instancia, firmada por la jueza Zulay Salazar González, ordenó la 'libertad plena' de los colombianos al no existir pruebas en su contra.
En la exposición de motivos, la jueza afirma que los colombianos 'no fueron aprehendidos de manera flagrante y no pesa orden de aprehensión alguna'.
Pronunciamientos
Este caso, que ha sido denunciado desde este medio en más de 20 notas periodísticas, provocó las intervenciones y reacciones de las ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que pidieron al Gobierno de Colombia tomar acciones contundentes para lograr la liberación de estos ciudadanos, pero los esfuerzos diplomáticos no han surtido efecto.
Además fue reseñado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe anual de 2017.
