En el marco de la Mesa Defensa por la Vida que se adelanta en Apartadó, Antioquia, la Defensoría del Pueblo le notificó al presidente Iván Duque que la cifra de líderes sociales asesinados en el país aumentó a 343, esto con la muerte de Luis Henry Verá Gamboa, de 51 años, el pasado miércoles en el corregimiento de Piedras Blancas, Cesar.
Luis Henry Verá Gamboa era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Desengaño de Piedras Blancas y participaba en el proceso de mesa regional campesina del Perijá. De esta manera, desde el primero de enero de 2016 hasta la fecha, en el país sigue aumentando el asesinato de los líderes, según indica la Defensoría. Hasta el martes se registró la muerte de 342 defensores de derechos humanos.
'El caso ayer es un líder social del municipio de Chimichagua, Cesar, y con eso llegamos a la cifra de 343 líderes sociales asesinados en Colombia', dijo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.
El defensor añadió que le pidió atención especial al presidente para los territorios de Riosucio (Caldas), Murindó (Antioquia), Carmen de Darién (Chocó), y en especial las comunidades indígenas de Jaguar y Marcias, así como Juradó (Chocó) y Nuquí (Chocó), donde hay presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
En cuanto a la Unidad Nacional de Protección, el defensor sostuvo que necesita el doble de presupuesto que tiene hoy para poder dar una debida atención con toda esta problemática.
Procuraduría investiga a 30 funcionarios
El procurador General, Fernando Carrillo, en el marco de la Mesa por la Vida, anunció que la entidad que preside abrió 30 investigaciones disciplinarias a funcionarios públicos, entre los que estarían mandatarios locales, y precisó que esto se dio por no tomar medidas para evitar el asesinato de defensores de derechos humanos.
'Seguimos avanzando en más de 30 investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos que violan derechos humanos, que han estigmatizado a los lideres sociales y que han puesto en riesgo sus vidas. Hoy estamos expidiendo una circular para que alcaldes y gobernadores se comprometan con la protección y con la integridad física e intelectual de los líderes sociales y defensores de derechos humanos', sostuvo Carrillo.
Según el procurador no se puede seguir permitiendo que alcaldes y gobernadores sean insensibles frente al asesinato de líderes sociales porque tienen compromisos y también responsabilidades disciplinarias, en caso de que no dispongan recursos para proteger la vida de los defensores de derechos humanos.
