La Contraloría General de la República mediante un informe de auditoría reveló el hallazgo de 35 hechos administrativos, ocho de los cuales con incidencia penal en la emergencia registrada en la hidroeléctrica de Ituango, en Antioquia.
De acuerdo con el órgano de control, la responsabilidad de la emergencia en el mega proyecto recae en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, por no seguir las fallas ambientales que tenía el proyecto, al igual que en las Empresas Públicas de Medellín, EPM, por no realizar un seguimiento y control de los asuntos técnicos y operativos que garantizarán el desarrollo efectivo de la hidroeléctrica.
El informe revela que en la hidroeléctrica de Hidroituango se presentaron graves daños sociales y ambientales, debido a la expedición y modificaciones de la licencia ambiental y los reiterados incumplimientos por parte de EPM, quien era el titular de la licencia y quien manejaba el campo la construcción del proyecto.
