Una auditoría de la Contraloría a la gran minería del Cesar deja entrever un panorama de múltiples abusos irreparables al medio ambiente por parte de las empresas carboníferas en la región y de graves omisiones de las autoridades nacionales y locales encargadas de vigilar el ecosistema.
EL HERALDO obtuvo el preocupante informe tras el que el ente de control fiscal resuelve remitir siete hallazgos a la Fiscalía por presuntas irregularidades en las minas Calenturitas, de la empresa Prodeco; La Loma, de la compañía Drummond y La Jagua, de la firma Carbones de La Jagua.
Y, así mismo, la auditoría establece que tienen carácter penal las supuestas omisiones en que habrían incurrido el Ministerio de Ambiente, la Anla y Corpocesar, y por ello compulsa copias al ente acusador.
La investigación, de 351 páginas y fechada en mayo pasado, revisa los procesos de licenciamiento ambiental a los proyectos de minería de carbón en el Cesar, con corte a diciembre pasado, y enumera 47 hallazgos: 36 con connotación disciplinaria y siete con asuntos penales.
'Bajo la mirada del Ministerio de Ambiente, la Anla y Corpocesar se ha dañado y degradado el territorio y sus condiciones ambientales, afectando la población. Se está afectando la Zona de Reserva Forestal Serranía de Los Motilones creada por la Ley 2 de 1959', se lee en un aparte del reporte.
Además, advierte la Contraloría, la presión ejercida sobre el ambiente y los recursos naturales en el área de influencia de los proyectos de minería de carbón en la zona centro del Cesar ha aumentado a lo largo de los años, afectando o incidiendo negativamente en la calidad y cantidad del recurso hídrico, produciendo pérdida de la biodiversidad, cambio del uso del suelo y afectación de la calidad de aire.
Pero esto no es todo: critica el documento que, tras las afectaciones, no se logra la reparación, compensación y restauración del daño ambiental ocasionado por las actividades mineras y, como tema aún más inquietante, transcurridas más de dos décadas de explotación no se tiene total certeza del aporte de contaminantes de los proyectos mineros sobre los receptores ni las afectñaciones sobre la salud de los pobladores.
'Desvio del río Calenturitas afectó dos ríos más'. Al revisarse la licencia ambiental 2622 del proyecto carbonífero ‘Mina Calenturitas’, de la empresa Prodeco, la Contraloría encontró que entre 2007 y 2015 se aprobaron cinco cambios menores, entre los que se encuentra el cargue de carbón proveniente de otras explotaciones mineras, el incremento de la producción de carbón de 11 millones de toneladas al año a 12,5 y la relocalización de los tramos 1 y 2 del río Calenturitas.
No obstante, advierte el ente de control, 'no se evaluaron totalmente los posibles impactos generados con los cambios que se realizaron o pretendían realizar en el desarrollo del proyecto minero'.
Y agrega que hubo omisión de las funciones establecidas para la Autoridad Ambiental, así como incumplimiento de la legislación ambiental relacionada con la modificación de las licencias ambientales.
Con ello se produjo una afectación a 'los recursos naturales del área de influencia ya que no tienen un adecuado manejo y seguimiento por considerarse una modificación menor. De igual forma, al no considerarse los impactos adicionales relacionados con las corrientes hídricas cercanas a la modificación realizada al trazado de la desviación de río, no se realizaron las compensaciones necesarias frente a dichos impactos'.
Concluye la auditoría que el desvío del río Calenturitas no solo impactaba dicha fuente hídrica y sus recursos naturales, sino que también implicó una modificación del balance hídrico con otras fuentes que debieron ser considerados: 'El nuevo trazado implicaba también la modificación de las desembocaduras de los ríos Tucuy y Maracas, lo cual no fue analizado de manera rigurosa por parte de la autoridad'.
'Daños irreversibles'
Al examinar la licencia ambiental 0027, concedida a la Drummond para el proyecto minero La Loma, la Contraloría estableció una serie de irregularidades.
En el plan de manejo ambiental, el Ministerio estableció en 2007 que avalaba una desviación del caño San Antonio durante siete años máximo, la conformación de dos botaderos nuevos y la ampliación de la pista de aterrizaje. Y en 2016, la Anla modificó esa resolución con el fin de continuar con el avance de la explotación minera y la Drummond pone en consideración de la autoridad ambiental una nueva relocalización del arroyo San Antonio.
Pero el ente de control encuentra que se están explotando nuevas áreas distintas a las aprobadas, que hubo extralimitaciones de la Anla al dar el aval y que las modificaciones del trazado original del arroyo San Antonio 'no incluyeron criterios ambientales que permitieran implementar medidas que coadyuven a proteger o impidan los daños a los recursos naturales', produciendo afectaciones 'irreversibles' al medio ambiente.
'Hay investigaciones represadas'. inactivas desde hace siete años'. La entidad revisora observó procesos sancionatorios ambientales en los que en la mayoría hay amplios espacios de tiempo sin actuación alguna, así como moras en resolver recursos o peticiones de los investigados y pruebas que han sido ordenadas y que a la fecha de la auditoría no han sido practicadas.
'En el trámite de los procesos sancionatorios se presentan situaciones particulares que indican omisiones, moras e inactividad injustificada por parte de la Anla en su trámite. Es así como se presentan casos en los cuales las investigaciones fueron iniciadas en los años 2010, 2011 y 2012, y a la fecha la entidad no se ha pronunciado sobre la misma, en el sentido de decretar la cesación del procedimiento o la consiguiente formulación de cargos', se lee en la auditoría.
Así mismo, hay expedientes en los cuales la Investigación fue iniciada por el Ministerio de Ambiente y hasta el momento la Anla no ha hecho un pronunciamiento de fondo.
Esta inactividad en los procesos sancionatorios, advierte la Contraloría, 'podría conducir al fenómeno de la prescripción de las acciones ambientales' o a que 'el Estado pierda la oportunidad de imponer sanciones en los casos en que se demuestre el incumplimiento de las normas o el daño causado y, por ende, de recaudar determinadas sumas de dinero por posibles multas que se pudieran imponer o las medidas compensatorias que se llegaren a establecer'.
'Se ampliaron áreas de explotación sin licencia'
También en la licencia a Prodeco en la Mina Calenturitas, el organismo revisor halló que Corpocesar aprobó en 1995 un plan de manejo ambiental para mediana minería que no contemplaba los impactos que se iban a generar por el proyecto y no incluía la magnitud de la obra, luego el Ministerio de Ambiente modificó en 2007 la resolución para gran minería comprendiendo un volumen de explotación superior a las 800.000 toneladas al año.
Posteriormente, el Ministerio, en 2009, autorizó la desviación de los ríos Calenturitas, Tucuy, Maracas y el arroyo Caimancito, aumentando el área del plan de manejo ambiental. En 2011 se avaló la ampliación de la Mina Calenturitas hacia el norte y hasta hoy la Anla ha venido aprobando modificaciones al plan de manejo ambiental que incluyen nuevas áreas a explotar y las actividades necesarias para tal fin.
La Contraloría, sin embargo, critica que 'se aumentaron la áreas de influencia del mismo, así como se aumentaron las áreas de explotación, por lo que según la normatividad citada se debió haber tramitado la correspondiente licencia ambiental que contemplara todas las actividades y obras de proyecto, así como los impactos generados por el mismo, que han estado afectando la salud de la población y las condiciones ambientales en las cuales se encuentran viviendo'.
Finalmente, el documento advierte que 'hoy en día la empresa cuenta con un plan de manejo ambiental totalmente diferente a un plan de manejo que estaba diseñado para mediana minería' y no para un proyecto que contemplaba la desviación de dos ríos, el aumento de la producción (produciendo un mayor volumen de emisión de contaminantes) y la construcción de la vía férrea (generando contaminación por emisión).
