En una auditoría de cumplimiento al proyecto hidroeléctrico de Ituango en Antioquia, la Contraloría General de la República determinó graves errores en el proceso de licenciamiento ambiental y en el desarrollo constructivo, así como la falta de estudios detallados a lo largo de la ejecución del mismo.
El ente de control encontró 35 hallazgos sobre presuntas irregularidades constructivas y de licenciamiento ambiental, de las cuales 29 tuvieron presunta incidencia disciplinaria y 8 penal, las cuales están en conocimiento de la Procuraduría General y Fiscalía General.
'Empresas Públicas de Medellín (EPM) tomó decisiones, a juicio de este organismo de control, sin el sustento técnico suficiente. Es el caso del taponamiento de los túneles de desvío inicialmente diseñados, frente a los cuales no construyó las compuertas que permitieran el control del cauce. Una decisión basada más en criterios económicos por el alto costo de las compuertas', detalló la Contraloría como consecuencia de la emergencia que generó la hidroeléctrica en abril pasado.
El organismo resaltó que 'son tantos los incumplimientos de EPM a las obligaciones establecidas en la licencia ambiental que no se explica el por qué la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) no ha expedido ni una sola sanción' y sostuvo que la 'posición permisiva' contribuye a que los riesgos del proyecto no estén manejados técnicamente para evitar mayores daños a los habitantes y a los recursos naturales.
'La Anla en vez de hacer uso de su competencia sancionatoria, cada vez fija nuevos plazos para su cumplimiento, en detrimento de las condiciones ambientales de las zonas afectadas por el proyecto', indicó la Contraloría.
Asimismo, la Contraloría llamó la atención al Ministerio de Ambiente de ese entonces por la expedición de la licencia ambiental del proyecto en el año 2009, 'a sabiendas de que el lugar presentaba cantidad de fallas geológicas ampliamente conocidas y registros de derrumbes frecuentes'.
La respuesta de Anla y EPM
Al conocer el informe de la Contraloría, la Anla rechazó algunas de sus conclusiones y en su cuenta de Twitter escribió: 'La Anla considera erróneo e impreciso informe de la Contraloría sobre Hidroituango. Hace afirmaciones que exceden competencia de Anla. Las licencias previenen, mitigan y controlan impactos ambientales, no son responsables de los diseños de las obras'.
Por su parte, EPM respondió que el proceso de construcción y desarrollo de Hidroituango siempre ha estado acompañado por las autoridades competentes.
Según la empresa, actualmente se están investigando varias de las irregularidades encontradas por el ente de control a través de una auditoría corporativa y de control disciplinario de la compañía.
'Desde el principio de la contingencia, EPM ha manifestado su interés en que se aclaren todas las dudas que se tengan sobre la obra. Por ello, y como es su deber y su voluntad, ha suministrado a las autoridades y los organismos de control la información requerida para que se adelanten las revisiones sobre la gestión y la ejecución del proyecto', sostuvo la compañía.
Además, EPM informó que con el fin de no afectar las investigaciones internas, dará a conocer los resultados de su auditoría, una vez se cuente con las pruebas que evidencien las razones que llevaron a que se presentara la emergencia en Hidroituango.
