Antes del mediodía de este viernes, el país recibirá de voz del presidente Iván Duque Márquez la notificación de lo que pasará con el proceso de paz que se adelanta con la guerrilla del ELN, como cumplimiento a su palabra empeñada hace un mes cuando se posesionó.
Y será, seguramente, en el municipio de Mompox, Bolívar, ante los gobernadores del país, donde el mandatario dirá si se acaba el proceso o decide seguir con él, y en qué condiciones lo haría.
'Mañana podemos esperar una decisión seria, prudente y madura del señor presidente de la República, que con su equipo ha hecho un gran esfuerzo por respetar el anhelo de paz de los colombianos', dijo el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, sobre el sentido en el que se encaminará la declaración.
A lo largo de este mes, Duque y su equipo han valorado muchos elementos de la negociación, los cuales no solo recaen en el tema del secuestro.
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'El tema de los secuestrados y la comisión de actos criminales ha sido una de las mayores preocupaciones del presidente Duque y del Gobierno. El cese de toda actividad criminal, no solo del secuestro sino del reclutamiento de menores, el narcotráfico, el desplazamiento forzado, son temas importantes para mostrar que hay voluntad de paz', agregó el comisionado.
Pero, según Ceballos, existe una preocupación mayor para decidir si se continúa con el proceso, y es la presencia de militantes del ELN en Venezuela, algo que haría imposible seguir sentados en la mesa en Cuba.
'En ese sentido, es fundamental que el ELN cese en la comisión de todos estos actos criminales, y una preocupación, la mayor, es que no será posible una mesa verificable en sus compromisos y no será posible llegar ni siquiera a considerar un tema básico de cese al fuego y de hostilidades sin que el ELN le diga claramente al país si tiene o no combatientes de su organización en territorio venezolano', manifestó el comisionado de paz.
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El funcionario insistió en que 'no sería posible realizar una agenda verificable, con cualquier contenido que ella tenga, si ellos no le dicen al país claramente si tienen o no combatientes en Venezuela'.
Sin embargo, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, este jueves en el Congreso de la República, durante una audiencia sobre la reforma constitucional que se tramita para negar la conexidad del delito de narcotráfico con el delito político, dio a entender que el gobierno Duque sí daría un paso más para seguir negociando con el ELN.
Anunció que en los próximos días llevará al Legislativo el proyecto de ley que avale la prórroga de la Ley 418 con la cual se faculta al gobierno para adelantar procesos de paz.
'En los próximos días traeremos la ampliación de los términos de la ley 418, conocida como Ley de Orden Público, que ha sido el marco jurídico para muchos de los procesos de reincorporación y de paz que se han dado con el Estado colombiano', manifestó Gutiérrez, aunque sin hacer referencia al ELN.
Por su parte, el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, el cual sirvió de acompañante durante el proceso con las Farc y que en el diálogo con el ELN ha coordinado las mesas con los sectores sociales, pidió a las partes seguir sentados y trasladar la negociación a Colombia.
Alejo Vargas, coordinador de ese centro de pensamiento, declaró que proponen 'reorientar las conversaciones hacia el desescalonamiento gradual del conflicto armado, que implique alivios humanitarios para las comunidades en los territorios de manera inmediata, terminando con el secuestro y la extorsión, y que permita llegar a un cese bilateral definitivo como punto de llegada y no de partida'.
Piden además acelerar el componente de la participación de la sociedad, definir compromisos efectivos frente a la defensa de la vida de los líderes sociales, establecer un calendario para la negociación y pedir a la Iglesia Católica que el Vaticano sirva de garante en esa nueva etapa del proceso de negociación.
Vargas finalmente declaró que 'es urgente instar al ELN a tomar decisiones unilaterales, por fuera de la mesa, como lo hizo en los ceses al fuego unilaterales que decretó para los comicios electorales este año, suspendiendo y renunciando de manera definitiva al secuestro y la voladura de oleoductos, no como concesiones al Gobierno sino como respuestas a los reclamos insistentes de la sociedad'.
