El Juzgado Noveno con función de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento en detención domiciliaria contra el general (r) de la Policía Humberto Guatibonza, el periodista Carlos Eduardo Arenas Valero y Julián Villarraga, luego de ser señalados por la Fiscalía de pertenecer a una red dedicada a realizar interceptaciones ilegales.
'El despacho considera que la medida de aseguramiento privativa de libertad en lugar de domicilio es la que predominantemente permitiría proteger esos bienes jurídicos tutelados en cabeza de la comunidad', dijo el juez durante la audiencia desarrollada este martes en los juzgados de Paloquemao.
El juez manifestó que 'si María Lucia Pinzón, que es la hacker y la que desarrollaba el sistema, se le dio la posibilidad de cumplir la detención domiciliaria, ello resultaría mucho más evidente para el caso de los tres imputados, quienes no tendrían incidencia en ese aspecto operativo'.
El delegado de la rama judicial reiteró que 'ellos no estaban relacionados con la parte operativa de la organización criminal', porque la función que cumplían 'era proveer clientela para que la organización fructificara esa herramienta informática ilegal, de otra parte apoyar la función recolectora de datos personales, pero nunca haciendo parte'.
La medida de detención preventiva domiciliaria se dio en el marco de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el presunto vínculo con una red dedicada a realizar interceptaciones ilegales a particulares y miembros del estado colombiano.
La Fiscalía les endilgó los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, utilización ilícita de redes de comunicación, uso de software malicioso agravado, violación de datos personales e interceptación de datos agravado, los cuales no fueron aceptados por los procesados.
El fiscal del caso reveló, durante la audiencia de imputación de cargos, que en medio de las investigaciones se evidenció que unas empresas de consultoría y asesoría en seguridad estarían ofertando, tanto a nivel nacional como en el vecino país de Ecuador, la interceptación ilegal de comunicaciones privadas y transmisión de frecuencias de radio.
El delegado de la Fiscalía aseguró que esta organización podía recuperar mensajes de Whatsapp, tener la ubicación de equipos telefónicos en tiempo real, además que ofrecían protección de blindaje para que no fueran interceptados. Así mismo, relató que ofrecían la obtención de los contactos de los celulares que iban a interceptar, descargar audios de comunicaciones, correos electrónicos y páginas web.
Dicha organización, que fue denunciada por el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, durante agosto, 'funcionaba por medio de empresas que estaban registradas con los nombres de JHS Consultores, Quarckom S.A.S, Global Security, VIP Security, A&G Seguridad, HGC Consultoría S.A.S, que, al parecer, estarían siendo direccionadas por oficiales con cursos de inteligencia del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y de personas particulares', dijo el fiscal del caso.
Durante la intervención el fiscal reveló que dicha organización tenía en su poder 175 carpetas que correspondían supuestos clientes y víctimas de las denominadas ‘chuzadas’.
Por estos hechos fueron capturados en agosto tres exmiembros del Ejército Nacional -Carlos Andrés Pérez Cardona, Jorge Humberto Salinas Muñoz, Luis Mesías Quiroga Cubillos- y una exfuncionaria del Ministerio de las Comunicaciones -María Alicia Pinzón Montenegro, quienes fueron judicializados y enviados a la cárcel en la ciudad de Cali.
