La Superintendencia de Salud, apoyada por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, demandaron a un juez y a un magistrado de despachos barranquilleros que le ordenaron al ente de control pagos por $88 mil millones a 38 IPS con contratos con siete EPS intervenidas.
De acuerdo con la denuncia, estas decisiones judiciales atentan 'contra la seguridad jurídica' del Estado, por varias supuestas anomalías que hallan las entidades demandantes en las providencias de los togados costeños.
La demanda fue presentada ante el fiscal general Néstor Humberto Martínez el pasado 13 de junio y fue interpuesta por la directora (e) de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Juanita López, y por el superintendente de Salud, Luis Cruz.
Los demandados por prevaricato son Libardo León, juez 13 civil del circuito de Barranquilla y Abdón Sierra, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, quienes han emitido fallos para que la Supersalud pague $88 mil millones, según los demandantes, con errores jurídicos.
La historia
Todo comenzó cuando hace más de tres años la ‘Super’ intervino a las EPS Cali Salud, Selvasalud, Solsalud, Humana Vivir, Golden Group, Salud Cóndor y Comfenalco Antioquia, debido a que halló irregularidades en la prestación de los servicios de salud.
A raíz de lo anterior, la Fundación Campbell, una de las clínicas que atendía a los pacientes de Selvasalud, demandó a la Superintendencia en 2015 porque la EPS intervenida no le pagó lo contratado. El Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla rechazó la demanda y señaló que correspondía a un juez laboral, pero en segunda instancia el Tribunal Superior de Barranquilla dijo que el juez civil sí podía conocerla y le ordenó a la ‘Super’ pagarle más de $1.000 millones a la Campbell.
Un año después el ente de control interpuso un recurso de reposición, pero este no fue aceptado. Por ello presentó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que el juez y el magistrado tomaron decisiones erróneas jurídicamente, ya que correspondía el estudio del expediente a la jurisdicción contenciosa administrativa, porque había una entidad estatal involucrada. La Supersalud, además, indicó en el recurso de amparo que no podía responder por pagos de facturas.
El máximo tribunal de la justicia ordinaria falló a favor de la Superintendencia y le ordenó al Tribunal suspender la orden de pago. Pero la corte barranquillera hizo caso omiso. Por ello, a principios de 2017 la Agencia de Defensa Jurídica coadyuvó la lucha jurídica de la ‘Super’ y pidió a los togados suspender los términos para revisar el proceso.
Los $88 mil millones
Mientras esto ocurría, otras IPS presentaron similares demandas a las de la Campbell. Y a finales de 2017 eran en total 38 demandas contra la Supersalud por un valor total de $88 mil millones, tras el acumulado que dictó el juez 13 civil del circuito de la capital atlanticense en audiencia del 11 de abril pasado. El ente de control, la Agencia y la Procuraduría apelaron la decisión.
Las IPS que también presentaron demandas fueron: Comprosalud, Cemdi, Sermultisalud, Sociedad de Oncología, Clínica del Norte, Amedi, Oncomédica, Sumintegrales, Clínica de Occidente, Global Life, Vivir, Clínica Laura Daniela, Colsalud, Sermafam y Clínica Candelaria.
También figuran el Centro Médico Sebastián Villazón, Habilitar, Odontosalud, Clínica Higea, Disgecol, Sudemix, Otomed, Colcán, Incamedic, Dromédica, Centro Cardiológico Valledupar, Global Life, Laboratorios Nancy Flórez, IPS de la Costa, Clínica Piedecuesta, Sociedad Otomed y Odontosalud Las Américas.
