Para el próximo 29 de octubre quedó programada la audiencia de carácter disciplinario que se adelanta en la Procuraduría General de la Nación, contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por presunto conflicto de intereses, luego de que el pasado mes de agosto le fueran formulados cargos contra las exfuncionarias.
La Procuraduría busca determinar si las exministras del Gobierno de Juan Manuel Santos debieron declarase impedidas para participar en la discusión y aprobación de un Conpes para unas obras, y si hay certeza de que sus familiares se vieron beneficiados con sus actuaciones.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, uno de los contratos tiene que ver con la aprobación del Conpes 3817, que otorgó el rango de importancia clave al corredor Ocaña-Gamarra, de la segunda fase de la Ruta del Sol, que le fue adjudicado a la firma brasileña de Odebrecht.
En ese caso, el Ministerio Público dijo que, 'la doctora Cecilia Álvarez actuó como Ministra de Transporte en la aprobación del Conpes 3758 del 6 de agosto de 2013, que trató sobre el plan para restablecer la navegabilidad del Río Magdalena y las acciones complementarias orientadas al desarrollo y fortalecimiento de servicios de transporte logísticos e intermodales, dentro de los cuales se mencionó la definición de importantes inversiones para cuatro puertos, entre ellos Gamarra'.
En su momento, la abogada Ángela María Buitrago, quien representa los intereses de Gina Parody, explicó que la exministra ha argumentado que no tiene conocimiento de los negocios que tiene su familia. Sin embargo, para el Ministerio Público dicha información fue difundida en medios de comunicación nacionales, por lo que considera que Parody debió tener conocimiento de dichos negocios.
Por hechos relacionados, la Fiscalía General de la Nación decidió archivar la investigación penal, sin embargo, la Procuraduría sigue adelante el juicio disciplinario en contra de las dos exfuncionarias.
