En la tarde de este martes, la representante a la Cámara por Bogotá, Katherine Miranda, radicó demanda ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado solicitando la inexequibilidad del artículo 1 del decreto para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia.
De acuerdo con Miranda, 'el decreto no solo viola los derechos fundamentales de los consumidores sino que este decreto no establece las medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico, o terapéutico para las personas que consumen dichas sustancias, esto claramente retrocede 25 años en materia de derechos vulnera a los consumidores, pero tampoco tratan esto como un problema de salud pública sino como un problema de orden público'.
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En este caso, el documento instaurado por la representante a la Cámara, anunció 'se solicita a la honorable Consejo de Estado se declare nulo el artículo 1 del Decreto 1844 de 2018, por las razones que se exponen dentro de la presente demanda'.
En la misiva la demandante anuncia que se vulnera al artículo 1 Constitucional, en la medida que no se le otorga un trato digno y acorde a la condición de todos los consumidores de sustancias psicoactivas, se les pone en riesgo al facultar a las autoridades de policía con unas labores para las que no se encuentran capacitados, con la posibilidad de que ocurran acciones que pongan en peligro su integridad física y sicológica.
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La denunciante instauró tal recurso, una vez el Gobierno decretó que las personas que transiten por espacios públicos con sustancia psicoactivas le serán incautadas, además de generar una multa de hasta 200.000 pesos.
