La Fiscalía imputó cargos a Martha Lucía Zamora, directora Administrativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por los delitos de asesoramiento y otras actuaciones ilegales, abuso de la función pública y perturbación de actos oficiales.
Zamora fue llamada debido a los permisos de salida del país que se les otorgó a los exmiembros de las Farc, entre ellos a Pastor Alape y Fernando Arellano.
Sin embargo, la exfuncionaria no aceptó los cargos y calificó la acción del ente acusador como 'vaga y nada concreta'.
'Seguiremos adelante, pero con la conciencia tranquila de que ningún delito se ha cometido en la JEP por ninguno de los funcionarios', aseguró Zamora.
En cuanto a los supuestos beneficios que se otorgaron a los excombatientes de las Farc, la funcionaria consideró que la 'interpretación' de la Fiscalía es 'lejana a lo que corresponde hacer una interpretación dentro de la JEP (...) es una falta de conocimiento lo que la Fiscalía ha demostrado'.
Así también, les fueron imputados cargos a los contratistas July Milena Henríquez Sampayo y Luis Ernesto Caicedo.
Las pruebas de la Fiscalía
Durante la diligencia realizada en el Complejo Judicial de Paloquemao, el fiscal del caso expuso dos audios que dejan al descubierto la presunta actuación indebida de los entonces miembros del tribunal.
En una primera intervención se escucha a Zamora y a Henríquez hablando de que se contacte con algún abogado de los excombatientes para que les notifiquen 'que presenten un documento diciendo que por trabajo o que por cualquier razón se encuentran en equis lugar del país y, adicionalmente, mencionan que el propósito de esa actividad es bajarle el tono a eso'. (Ver audio 1)
Una vez culminó la primera interceptación, el fiscal del caso aseguró que las funcionarias no debían realizar tal acción. Para el delegado de la Fiscalía, 'en esta conversación se reconoce que no es su función realizar esta actividad', además que existe un propósito de 'bajarle el tono y la pregunta es ¿bajarle el tono es sustraer estas personas del cumplimiento de la ley?'.
En una segunda interceptación, el fiscal aseguró que July Henríquez contactó a Gustavo Gallardo, uno de los abogados de las ex Farc y alertó que debían presentar los documentos que solicitó Zamora. (Ver audio 2).
En este caso el fiscal anunció que la comunicación se había cortado por lo que fue retomada nuevamente, al parecer, con los mismos propósitos. 'Una de las funcionarias de la JEP, de forma coordinada con otra de altísimo rango en ella, empieza a coordinar actividades con el propósito de asesorar ilícitamente e irregularmente a excombatientes de las FARC que inclusive eventualmente estaban en el marco de incumplimiento de sus obligaciones', dijo.
