La Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al exsenador Jorge Géchem Turbay y a los exrepresentantes a la Cámara Argenis Velásquez y Humphrey Roa, quienes estráin entre los integrantes de una red que pretendía quedarse con recursos del posconflicto y por la que también es señalado Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez.
Dentro de este expediente, la Fiscalía imputó cargos a María Elvira Valencia Gómez, José Domingo Árdila Neira, Yessica Carolina Gómez Builes y Bibiana Marleny Arias Garzón quienes estarían entre los miembros de esta organización criminal.
En ese momento, el fiscal del caso anunció que las investigaciones pudieron detectar actuaciones irregulares por medio de adjudicaciones de contratos relacionados con la malla vial terciaria, con la estructuración indebida de proyectos productivos y la intermediación irregular para la adjudicación de proyectos a financiarse con fondos establecidos con diferentes esquemas de paz.
Llos hechos se realizaron valiéndose de su conocimiento en la estructuración de proyectos productivos y su experiencia laboral o conocimientos en temas de contratación. Por lo que el fiscal dejó claro que 'el propósito común que se observó después del acuerdo fue obtener un provecho económico ilícito contrariando todo el marco legal, que ha sido dispuesto para el beneficio general de la comunidad, particularmente en las víctimas, los reincorporados y en últimas en la sociedad'.
Advirtió la Fiscalía que el provecho económico que buscaban los hoy procesados se traducía en porcentajes para los mismos, en caso de ser adjudicatarios de los contratos. Con estos señalamientos para el ente acusador es claro que se conformó una red de personas que giró entorno a Marlon Marín y que los demás integrantes participaron desde la experiencia profesional o laboral de cada uno.
'El provecho económico ilícito se obtendría a través de diferentes líneas de acción irregular, pero que leídas en conjunto demuestran intención de vulnerar el marco normativo que rige el posconflicto', dijo el delegado del ente acusador ante el estrado.
En medio de la intervención emitida durante agosto, el fiscal señaló que se interceptaron comunicaciones entre los procesados y se descubrieron encontró presuntos nexos con exfuncionarios del Gobierno Nacional, por lo que sacó a colación al exsenador Jorge Eduardo Géchem, quien presuntamente era el encargado de gestionar los proyectos ante la Agencia de Desarrollo Rural.
'José Domingo Ardila Neira relata en sus conversaciones telefónicas el manejo que tenía la Agencia de Desarrollo Rural ADR, para lograr la viabilidad con los proyectos. En dichos diálogos el señor Ardila Neira pide dineros para una coordinadora de proyectos de la Agencia de Desarrollo Rural quien es la persona que colabora con la optimización de la viabilidad técnica de los proyectos productivos al interior de la entidad', dijo el fiscal en la audiencia.
En la misma audiencia también se relató que 'el señor José Domingo relaciona al exsenador Jorge Géchem, quien sería una de las personas encargadas de gestionar los proyectos ante la ya mencionada entidad (…) En los diálogos Árdila Neira menciona que le ha contado al senador Géchem lo de una asistencia técnica rural que saldría por la ADR y que le ha entregado 110 millones de pesos por la asignación de los cupos'.
Pese a que en medio de la diligencia, el fiscal del caso no mencionó a los exrepresentantes a la Cámara hoy también en proceso de investigación, sí anunció que las indagaciones por la presunta apropiación de dineros del posconflicto dejarían más personas vinculadas además de las mencionadas.
Por estos hechos, también es requerido Marlon Marín, sin embargo, su proceso está en pausa debido a que se encuentra en territorio estadounidense, al parecer, entregando información sobre la supuesta estructura dedicada a enviar droga hacía Estados Unidos, estructura que tiene en jaque a Jesús Santrich por presuntamente hacer parte de la misma.
