Alexandra Ladino, quien funge como fiscal delegada para llevar el caso Interbolsa, anunció que durante esta semana prescribieron dos delitos de los que les fueron imputados a las personas que están investigadas por el desfalco bursátil llevado a cabo durante los años 2012 – 2013.
'Los delitos que están prescristos son los que tiene una pena menor que los otros, precisamente, es el transcurso del tiempo lo que lo lleva a la prescripción. En este caso, los delitos son operaciones no autorizadas y concierto para delinquir', dijo la fiscal.
Ladino aseguró que en este proceso judicial continúa la persecución penal por los delitos manipulación de la especie de fabricato y la manifestación desleal, que a juicio de la delegada de la Fiscalía, de hallar culpables de los imputados deberán purgar una pena de ocho o 10 años.
En relación al proceso judicial, la fiscal consideró que han existido muchas situaciones de 'complejidad' que no ha permitido seguir el curso del juicio. 'Hubo la necesidad de hacer muchas búsquedas selectivas, se adelantaron múltiples cesiones de audiencia, más o menos 60. La acusación como preparatoria fue muy copiosa, la defensa solicitó la práctica de más de 500 elementos'.
'Tengo que ser clara que no han sido conductas ni actos de omisión de la Fiscalía los que han conllevado a que llevemos tantos años en el desarrollo de este juicio. Hay muchos actos de juicio, no solo la recolección de los elementos materiales de la defensa. Entendería que ha sido la complejidad del caso', dijo la fiscal.
De acuerdo con Ladino, la Fiscalía formuló imputación de cargos al primer grupo de procesados durante 2013 y al segundo grupo durante el año 2014, 'a partir de ese momento, el proceso está manos del juez de conocimiento y no de la Fiscalía'.
Los antecedentes del descalabro
El grupo Interbolsa empezó a ser investigado por la Fiscalía a finales del año 2012, como consecuencia de la medida de toma de posesión de la sociedad comisionista por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Una de las anomalías descubiertas consistía en el ofrecimiento de acciones en el denominado Fondo Premium de Curazao, el cual se presentaba como un producto financiero en el exterior que, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y demás autoridades, en realidad era un elaborado esquema financiero y societario para beneficio de sus administradores y relacionados.
Por estos hechos, la Fiscalía ha solicitado colaboración internacional para intervenir otros bienes que estarían ubicados en el exterior.
Las diligencias judiciales por este caso se han aplazado en más de 25 ocasiones, por lo que el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, solicitó al Consejo Superior de la Judicatura se asignara un juez específico para adelantar el acto judicial, sin embargo, pese a dicha petición, el proceso no ha avanzado, por lo que se presume que habría un prescripción por los delitos imputados en este caso
