Luego de que medios de comunicación informaran de la apertura de una investigación contra la carbonera Drummond por supuestos giros por $9 mil millones a grupos paramilitares, la compañía emitió un comunicado en el que asegura que la multinacional 'nunca ha apoyado a grupos armados al margen de la ley'.
Agrega la carbonera que el supuesto vínculo de Drummond con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, 'ha sido investigado exhaustivamente por los fiscales en Colombia y por los tribunales en los Estados Unidos, con todos los casos concluidos y las investigaciones con resultados a favor de la compañía y sus empleados'.
Además, asegura que ni la compañía ni sus empleados 'han sido notificados por las autoridades colombianas sobre la investigación reportada, y solo los medios de comunicación han informado de esta situación'.
Finalmente, afirma que 'continuará cooperando plenamente con las autoridades, como lo ha hecho en el pasado' y expresa 'el apoyo total a sus empleados y confía en que, como en todas las ocasiones anteriores, el resultado de cualquier investigación será favorable'.
La información del pasado fin de semana reportaba que tras tres años de haberlo tenido engavetado, la Fiscalía habría rebaierto un expediente contra ocho directivos de la Drummond por supuestos giros por $9 mil millones a grupos paramilitares.
Se trata de la Fiscalía 247 de Justicia Transicional, que ordenaría a comienzos de octubre la apertura de instrucción por el delito de concierto para delinquir agravado, en la que se citaría a interrogatorio a varias personas, entre ellos los ocho ejecutivos de la multinacional del carbón.
De acuerdo con el diario capitalino 'El Tiempo', que reveló la decisión, 'entre los mencionados aparecen Augusto Jiménez, expresidente de la carbonera en Colombia y hoy asesor de la multinacional, y José Miguel Linares, la actual cabeza de la firma en Bogotá. Además, el exagente de la CIA James Lee Adkins, quien fue jefe de seguridad de la carbonera, y Delbert Lee Lobb jr., otro estadounidense que ofició como gerente de operaciones de la compañía en territorio nacional'.
Así mismo, de acuerdo con la información, también serán llamados a indagatoria 'el excoronel Luis Carlos Rodríguez, Ricardo Linero González y Alfredo Santander Araújo Castro, los tres vinculados al área de seguridad de la carbonera'.
Los presuntos pagos de $9 mil millones habrían llegado a Jaime Blanco Maya, a través de su empresa Industria de Servicios y Alimentos, ISA. Blanco era contratista de la carbonera, es señalado como el enlace con las AUC y hoy paga una condena de 38 años por el crimen de los sindicalistas de la multinacional Víctor Ocasita y Valmore Locarno, perpetrado en 2001.
