El tan mentado choque de trenes entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz parece que tuvo su final este miércoles. Tras la reunión entre la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y el fiscal Néstor Humberto Martínez, las dos entidades acordaron cuatro puntos de colaboración para facilitar los mecanismos de trabajo entre funcionarios judiciales en aras del cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Así lo manifestaron en un comunicado conjunto en el que además exhortan a los exintegrantes de la guerrilla de las Farc a persistir en 'su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, así como a los responsables de implementar las políticas públicas necesarias para poner en marcha los proyectos productivos y las condiciones de reintegración de los desmovilizados'.
En el primero de los puntos acordados, sobre la competencia concurrente, se deja claro que las personas que decidan acogerse a la JEP no se verán afectadas con la pérdida de beneficios de ese tribunal, incluso si la misma Fiscalía adelanta alguna acción judicial en su contra.
Con respecto al acceso a la información, que es el segundo punto, se acordó que se podrán concertar reuniones en las que pueden tener asiento fiscales, investigadores y magistrados de la JEP con el fin de analizar la documentación recopilada en los diferentes casos.
El tercer punto está relacionado con una denuncia recibida durante el acta de sometimiento a la JEP por parte del general en retiro Mario Montoya. Ese día, Alfamir Castillo, presidenta del Comité Mujeres Corteras de Caña, aseguró que previo a esa diligencia recibió una amenaza para que no se asistiera a la misma.
Este tipo de intimidaciones serán investigadas por una unidad especial que buscará la manera de judicializar estos actos.
'La Fiscalía y la JEP acordaron que en los casos en que se presenten amenazas contra víctimas, testigos o comparecientes, el ente acusador asumirá el conocimiento y la investigación inmediata de las mismas', dice el comunicado.
Finalmente, se anunció la entrega de ocho informes más por parte de la Fiscalía (ya han radicado nueve) a la Jurisdicción en los que se describirán los hechos ocurridos en el marco del conflicto con el fin de que la JEP adelante las funciones que le competen.
