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El Consejo de Estado emitió medidas cautelares frente a los actos administrativos por medio de los cuales el Gobierno nacional fijó los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, a través del llamado fracking o estimulación hidráulica en Colombia.

Así lo determinó el magistrado de la Sección Tercera y vicepresidente de la Corporación, Ramiro Pazos Guerrero, al concluir que la autorización en Colombia para la aplicación del fracking puede acarrear una grave afectación al medio ambiente y a la salud humana.

'La medida cautelar es la suspensión de los actos administrativos mientras se decide el proceso de nulidad de forma definitiva, ya que es una medida que define suspender los efectos de las disposiciones del Gobierno nacional, el cual no podría ejecutar las resoluciones hasta cuando no se decida a fondo el asunto a través de una sentencia. Tengo que decir que esta decisión es susceptible al recurso de súplica, el cual lo podría interponer la Nación, que en este caso es el demandado', explicó Pazos a Colprensa.

De acuerdo con el magistrado, esta decisión se tomó porque 'el despacho consideró relevantes las conclusiones del control de advertencia efectuado por la Contraloría en 2012, en el cual se señaló que el aumento de la sismicidad, la contaminación hídrica y la consecuente afectación de la salubridad provocadas por el fracking eran potencialmente riesgosas, con mayor razón si la técnica se desarrollaba en zonas de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, como los páramos. Igualmente, advirtió que el contexto colombiano imponía unas exigencias particulares que debían analizarse con sumo cuidado'.

La decisión establece la necesidad de ajustar las medidas para autorizar el uso del fracking frente al cuidado del medio ambiente y al principio de precaución. Además, resalta que son numerosos los estudios que prevén que el uso de esta tecnología puede tener un impacto negativo en la preservación del medio ambiente y en la salud humana, ya que varios países han decretado su prohibición, condicionamiento o aplazamiento, hasta no estar seguros sobre los efectos.