La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, anunciaron este lunes en rueda de prensa que pidieron a la Superintendencia de Sociedades inhabilitar por 20 años para contratar en el país a las sociedades que conforman el grupo empresarial Odebrecht.
Esto, 'por los actos de corrupción transnacional cometidos en Colombia y reconocidos por el grupo empresarial Odebrecht', ya que 'ha causado al país enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, más el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles de la administración pública', se lee en el comunicado.
Gómez explicó al respecto que en el caso de Corficolombiana y el Grupo Aval, que conformaron un consorcio con el conglomerado brasilero, quedarían por fuera de la sanción 'porque no conforman directamente el grupo Odebrecht', ya que estas no hacen parte de las sociedades de Odebrecht.
En febrero de 2017, la Supersociedades sometió a control a las sociedades Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht de Colombia S.A.S, Navelena S.A.S y a la sucursal de la sociedad extranjera Construtora Norberto Odebrecht S.A.
Esa figura le permite al ente de control amplias facultades de fiscalización, dentro de las que se cuentan la de requerir información sobre aspectos jurídicos y contables y exigir autorización para cualquier modificación o reforma estatutaria o capitalización de la sociedad. Las normas permiten además remover a los administradores, revisores fiscales y empleados según el caso y multar a los administradores que realicen actos contrarios a la ley.
Agregó Ramírez que Colombia cuenta con diferentes instrumentos jurídicos como la Ley 1778 de 2016 de soborno transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención Anticohecho de la OCDE, 'por lo que pedimos a la Superintendencia que adelante todas las actuaciones pertinentes para sancionar a las empresas que conforman el grupo empresarial Odebrecht'.
Dijo además la vicepresidenta que la lucha contra el grave flagelo de la corrupción es una obligación constitucional, legal y ética de todo gobernante y de todo ciudadano: 'Este es uno de los peores atentados cometidos en contra de la moralidad de la Nación, el cual ha causado un grave detrimento en las finanzas públicas y ha sido el origen de graves daños a la ética pública. Contra la corrupción hay que ir con todo el peso de la Ley'.
Advirtieron los funcionarios que la sociedad colombiana Constructora Norberto Odebrecht S.A. ha propuesto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a otras entidades la celebración de un 'Acuerdo de Reparación Integral', mediante el cual la compañía responsable de graves actos de soborno y corrupción, ofrece una compensación económica por los perjuicios generados por los delitos cometidos contra la moralidad pública, a cambio de que el Estado retire todos los procesos legales y administrativos en su contra y le permita volver a contratar con el Estado.
Los entes gubernamentales, resaltó Ramírez, 'han rechazado tajantemente esta solicitud pues resulta legal y moralmente inaceptable. No puede ni debe el Estado colombiano subsanar las graves faltas penales y éticas de un contratista con la simple compensación monetaria. Aceptar un acuerdo de compensación económica a cambio de subsanar el daño moral y material causado a la Nación con los actos de corrupción resultaría ser un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de actos'.
Por su parte, Gómez señaló que permitir que una empresa que organizó con pleno conocimiento corporativo graves actos de soborno y corrupción transnacional vuelva a participar en licitaciones o concursos públicos en Colombia, 'resultaría ser un acto contra las empresas honestas y cumplidoras de la ley y un pésimo mensaje para los colombianos honrados'.
