El ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, emitió un comunicado en el que defiende sus actuaciones frente al ente de control en torno al escándalo de Odebrecht.
La primera decisión, relaciona el documento, fue la orden a la ANI (antes Inco) terminar el contrato con el Consorcio Ruta del Sol 'por cuanto implicaría una violación a la libre competencia económica'. Esta decisión se adoptó mediante la Resolución 5216 del 16 de febrero de 2017, un mes después de que el ex viceministro de Transporte y director encargado del Inco, Gabriel Ignacio García Morales, confesara haber recibido un soborno de US$6,5 millones para la adjudicación del contrato para la construcción de la Ruta del Sol II.
Cómo segunda medida, anota Robledo, la super 'siguió recaudando pruebas en la etapa de indagación preliminar durante 20 meses. En dicho periodo, se realizaron visitas administrativas de inspección a todas las empresas e instituciones involucradas, recaudando documentos, computadores y correos electrónicos. Adicionalmente, se recibió declaración testimonial de los directivos de las empresas involucradas, incluyendo la del doctor Jorge Enrique Pizano en agosto de 2018'.
En consecuencia, agrega el exfuncionario, la SIC, a través de la Resolución 67837 del 13 de septiembre de 2018, formuló tres cargos por las conductas presuntamente anticompetitivas de soborno, conflicto de interés y contactos privados y clandestinos con el estructurador, a varias empresas y sus altos directivos.
Estas compañías fueron la Construtora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Investimento Em Infrestrutura Ltda., Concesionario Ruta del Sol S.A.S., Corficolombiana S.A., Episol S.A., Consol S.A., Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Gabriel García Morales y Luis Antonio Mammeri.
Así mismo, Luis Antonio Bueno Junior, Luis Eduardo Da Rocha Soares, Manuel Ricardo Cabral Ximenes, Yesid Arocha Alarcón, José Elias Melo Acosta, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Diego Fernando Solano Saravia, Gustavo Antonio Ramírez Galindo, Alejandro Sánchez Vaca y María Victoria Guarín Vanegas.
Por lo anterior, concluye Robledo, 'mientras fui superintendente, la Superintendencia de Industria y Comercio adoptó, de manera oportuna, todas y cada una de las decisiones que le eran legalmente atribuibles y con total apego a la ley y sus funciones'.
Y recuerda, finalmente, que el mismo 13 de septiembre pasado, el ente de control ordenó compulsar copias de todo el expediente a la Fiscalía.
