Este 2019 empezó casi que con el conteo fatal de una muerte de un líder social o defensor de derechos humanos por cada día arrancado del calendario.
En los primeros siete días del año fueron asesinados siete líderes sociales o defensores de DD.HH. en Colombia: Gilberto Valencia, en Suárez, Cauca, el 1 de enero; Wílmer Miranda, en Cajibío, Cauca, el 1 de enero; Wilson Pérez, en Ocaña, Norte de Santander, el 4 de enero; José Solano, en Caucasia, Antioquia, el 4 de enero; Maritza Quiroz, en Santa Marta, el 5 de enero; Alan Mostacilla, en Cúcuta, el 7 de enero y Miguel Gutiérrez, en Cartagena del Chairá, Caquetá, el 7 de enero.
EL HERALDO conversó al respecto con el abogado Alirio Uribe, defensor de derechos humanos; con el constitucionalista José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional y con el analista de seguridad, coronel (r) Carlos Velásquez, para tratar de entender este baño de sangre que padece el país desde 2016 y que se ha recrudecido.
Los expertos coinciden en elementos aparentemente comunes de esta tragedia: caen los autores materiales pero no los intelectuales, que son los que planean y financian; no se han activado los bloques de Policía y Fiscalía contra grupos paramilitares consignados en el Acuerdo de Paz; no hay una política social para que autoridades y sectores no menosprecien a las comunidades y, por supuesto, a sus líderes; y la fuerza pública debe combatir estos homicidios también con la inteligencia militar y policial.
Recrudecimiento de los crímenes
La matanza ha arreciado con la entrada de este 2019, cuando ya se cuentan siete víctimas mortales. Según José Gregorio Hernández estamos ante 'una incomprensible situación de crimen y violación de los derechos humanos, que amenaza con convertirse en un genocidio, descrito en el Tratado de Roma. Y el Estado, más allá de declaraciones del pasado y las del actual Gobierno, no ha hecho nada para cumplir con su obligación de proteger a todas las personas residentes en Colombia'.
Entre tanto, Alirio Uribe advierte que esto obedece 'a una estrategia donde hay actores armados que son financiados o apoyados por sectores poderosos, económicos, financieros, terratenientes, industriales, políticos, etcétera, que ven en los líderes sociales enemigos, porque se oponen a grandes megaproyectos y piden la restitución de las tierras, y efectivamente hay una política de asesinarlos porque fastidian'.
Y el coronel (r) Carlos Velásquez dice que 'al menos el 50% de los crímenes, no solo de ahora sino de tiempo atrás, son básicamente producidos por conflictos entre las personas que reclaman tierras y que promueven la sustitución de cultivos ilícitos, y son conflictos entre las víctimas y las personas que no quieren que se restituyan las tierras y que no marche bien ese proceso de sustitución'.
