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Nuevamente se enfrentan los gobiernos actual de Iván Duque y pasado de Juan Manuel Santos. Esta vez con el doloroso asunto de los homicidios de los líderes sociales, que se han incrementado al inicio de este año.

El alto consejero de Derechos Humanos, Francisco Barbosa, fue quien inició la polémica al advertir: 'No estamos utilizando el espejo retrovisor, pero encontramos un vacío de información frente al tema de líderes sociales entre el 2010 y el 2016'.

Agregó en este sentido Barbosa: 'Nosotros no hemos recibido ningún informe de la administración Santos, de líderes sociales asesinados entre el 2010 y el 2016, a la firma del acuerdo de paz'.

Y aseveró que 'aquí lo que se recibió fue un informe de la Comisión de Garantías de Seguridad, desde la firma del acuerdo de paz (en noviembre del 2016) hasta el 7 de agosto (de 2018)'.

El alto funcionario manifestó así su 'preocupación porque antes de la firma del acuerdo de paz no había un registro de líderes sociales asesinados en Colombia' y añadió que durante ocho años, el gobierno anterior 'no invitó al relator de Naciones Unidas sobre líderes sociales. El relator vino hace un mes producto de una invitación que le hizo el gobierno del presidente Iván Duque e informó esa situación, que se cruzó con la idea de que aquí no había ningún tipo de información entre el 2010 y el 2016 sobre líderes sociales en Colombia'.

Responde el santismo

El ex ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le contestó a Barbosa en Twitter: 'Lo peor que se puede hacer contra los líderes sociales es la politización de la tragedia de sus asesinatos. Eso se llama estigmatización y es muy peligroso para su vida. Se equivoca gravemente el gobierno. Trabajemos todos por defender su vida y encontrar los asesinos'.

Su sucesor durante la era Santos, Guillermo Rivera, también en la red social, publicó el informe que entregó el gobierno anterior: 'Ante declaraciones de un funcionario del Gobierno Nacional en las que aseveró que no se les entregó informe por parte del gobierno anterior sobre la situación de los líderes sociales, me permito, respetuosamente, publicar el respectivo informe'.

No obstante, en dicho documento, de 54 páginas y fechado en julio de 2018, solo se se registran, en un cuadro específico, casos verificados de asesinatos de líderes sociales desde 2015 hasta esa fecha de 2018: en 2015 se enumeran 41 casos, en 2016 61, en 2017 84 y a medios de 2018 40.

También respondió la ex alta consejera de DD.HH., Paula Gaviria, con la publicación de otro informe, este de 77 páginas, en el que, igual que el anterior, hay una completa narrativa de las acciones emprendidas por los crímenes de líderes sociales a partir de 2016, pero no figuran cifras de 2010 hasta antes del acuerdo, como lo advierte Barbosa.

'Consejero @FrBarbosaD en los capítulos Derechos Civiles y Políticos de los Informes Anuales de Derechos Humanos, en 2016 y 2017, encuentra el informe de balance del gobierno de @JuanManSantos sobre asesinato a líderes sociales (...). En el gobierno del presidente @JuanManSantos el asesinato de líderes sociales fue una prioridad. En el empalme le entregamos al Consejero @FrBarbosaD un documento de balance, con acciones y recomendaciones', 'trinó' la exfuncionaria.

E, incluso, reiteró algunas recomendaciones para atender la crisis y se puso a la orden del duquismo en esta materia: 'Algunas recomendaciones: analizar todos los factores de riesgo no sólo narcotráfico, minería ilegal y grupos armados y delincuenciales que ponen en riesgo la vida de los líderes sociales y proponer soluciones que permitan avanzar de la protección a la prevención. (...) El asesinato a líderes sociales es una tragedia en la actualidad. Consejero @FrBarbosaD no hay que buscar excusas sino soluciones. Se necesitan acciones ya!'.